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Tenerife 27 de Noviembre de 2008
Solucionar la crisis económica no se alcanza
con rebajar el Arancel Notarial
Es una realidad incuestionable que en momentos de crisis
cualquier recorte económico es bueno, aunque en algunos casos
esta medida no tendrá plena efectividad sino se da cumplimiento a un presupuesto base, y éste en el ámbito Notarial y Registral es que exista un volumen negocial adecuado, propio de una sociedad en desarrollo.

Negociación real que resulta imprescindible como medio de impulso de la financiación de las pequeñas y medianas empresas, y en aras a este objetivo el Gobierno anuncia un proyecto de Decreto, por el que procederá a un recorte de los aranceles notariales y regístrales.
De los pocos servicios públicos que funcionan en este país, son las Notarias y los Registros, del ámbito jurídico diría que los únicos, porque este adjetivo no es atribuible al servicios público de la Justicia.
Por ello, si yo fuera registrador o notario, o candidato a ello, pondría a mis barbas a remojar, porque el camino al que les conducen a la funcionarización pura y dura, y no hay que tener mucha memoria histórica para recordar cómo servicios públicos como el de la Administración de Justicia, han sido llevados a la desesperación ciudadana por su no hacer, y que el citado mal comenzó indudablemente con la eliminación de la denostada tasa judicial.
Operación escalonada, primero una reducción de su cuantía en 1979 hasta la década del 85 en que aconteció su total eliminación, aunque de nuevo en l los 90 se pretendió su restauración, pese a ello el efecto de la inoperatividad del servicio había calado y tales actuaciones ni limitaron ni atenuaron el decaimiento y el desprestigio del servicio, y al sentir social actual sobre la justicia nos remitimos.
Por eso, asentarnos en medidas como la que pretenden el Ministerio de Economía y Justicia de reducción del arancel hasta el 70%, no sólo lo calificamos de medida demagógica, ya que lo realmente importante es influir y permitir que fluyan capitales que faciliten la celebración de negocios que brinden al ciudadano la posibilidad de constituir hipoteca, fundar sociedades, comprar bienes raíces etc., sino también de peligrosa.
Pues un servicio público que funciona regularmente, porque ya no es absolutamente óptimo, con recortes como el dicho, generará en la población laboral de las notarias y registros, un desaliento, y una motivación de tal magnitud e intensidad que de nuevo privará al ciudadano de a pie de seguridad jurídica, es decir, un fenómeno adverso y contrario al que aduce la reforma prevista para el año 2009.
Juan Fernández del Torco Alonso.
Presidente del Centro Independiente de Canarias (CiCan)