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Sucesos. 20 de Febrero de 2008
La Guardia Civil en Granadilla detiene a dos personas que se dedicaban al robo de ciclomotores que luego despiezaban
En otro servicio se interviene en ciber programas sin licencia y efectos informáticos pirateados
A un ex trabajador de un centro de buceo se le acusa de apropiarse de parte del material
La Guardia Civil del Puesto de Granadilla de Abona imputa a I.S. un hombre vecino del Médano como supuesto autor de un delito de hurto de material de buceo. Los hechos venían precedidos de una denuncia formulada en el Puesto de la Guardia Civil de Arico por el propietario de un centro de buceo, que manifestaba que le habían sustraído varios trajes de neopreno, botellas de oxígeno y reguladores. A su vez sospechaba de antiguos empleados. Iniciadas las gestiones la Guardia Civil localizó a uno de los trabajadores que tenía un centro también de buceo abierto al público en El Médano. En una inspección del lugar los agentes localizan los efectos sustraídos y denunciados por su propietario por lo que se imputa un delito de hurto a su poseedor.
En otro servicio del mismo Puesto de Granadilla de Abona se detuvo a dos jóvenes de 21 y 27 años a los que se les imputa el robo de varios ciclomotores en los municipios de Granadilla de Abona, Arona y San Miguel. En la intervención policial han sido recuperados cuatro ciclomotores y diversas piezas. Estos efectos sustraídos han sido valorados en 10.000 euros. Para cometer el hecho delictivo utilizaban un furgón donde introducían los ciclomotores para su sustracción y posterior despiece.
La Guardia Civil del Puesto de Playa de las Américas y del Puesto de Granadilla de Abona, con la colaboración del perito de la sección antipiratería del Ministerio de Cultura finalizan un servicio en el que tras la inspección de tres ciber locutorios, comprueban que en uno de ellos se utilizaban programas sin licencias que tenían instalados en sus equipos informáticos. Ello motivó que se proceda al decomiso de estos efectos. Se encontró documentación con claves para instalar programas sin el abono de la correspondiente licencia. En algunos casos sin conocimiento de los adquirentes de los programas. Se imputa al propietario del establecimiento un delito contra la propiedad intelectual y otro de estafa.
