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Tenerife 27 de Mayo de 2008
La Policía Autonómica ¿Es una prioridad para Canarias?
En todo hacer político hay una doble dimensión, o si se prefiere, media en él un haz de facultades cuyo ejercicio compete aquél al que las urnas le han legitimado con su
respaldo y confianza, que no cabe considerarla como un cheque en blanco para hacer y deshacer al antojo del político o del grupo de amigos o adversarios que constituyen la maquinaria de su partido.
Ante lo cual, y en el debate reciente acontecido en el Parlamento de Canarias constituyente del embrión de la policía canaria, que hay que adjetivarla de minúscula atendido el tenor de sus competencias y ejercicio de funciones, pues tienen el deber ineludible de tener que enmarcarse y adecuarse a lo previsto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado.
Desde nuestra posición como responsables políticos que somos, aunque seamos por ahora de una fuerza extraparlamentaria, además de ciudadano de a pie y profesional del sector judicial, en el que la seguridad constituye el antecedente inmediato y directo o si se quiere el estribo o sostén para el ejercicio de la justicia, nos hacemos una simple pregunta ¿Es para Canarias una prioridad esencial y de primer orden tener una policía autonómica?
La respuesta objetiva a tal interrogante ha de alcanzarse sin sostener un parecer partidista, a través de la fría cifra estadística y ella nos dice que la inseguridad ciudadana ha disminuido en Canarias, que el numero de extranjeros indocumentados llegado a nuestra tierra como turistas igualmente ha descendido y que la llegada de cayucos a nuestras costas ha sufrido una desaceleración, y que aquellos ciudadanos africanos o asiáticos que llegan a Canarias no se quedan en el territorio autonómico. En consecuencia, con las fuerzas policiales actuales, guardia civil, policía nacional y la local coadyuvando esta última con las dos primeras, se basta y se sobra el atendimiento del servicios o si se prefiere es harto suficiente, en orden a elementos personales quizás falle en el ámbito de lo material.
Luego si ello es cierto, la creación de un cuerpo policial propio no constituye un servicio de angustiosa necesidad, como puede ser en la Sanidad la solución a las listas de espera, o afrontar el pago del cambio de hipotecas por la trascendencia que ello tiene en el ámbito doméstico de los canarios, en un momento real desaceleración económica como el actual, sino que es una frivolidad o mero capricho del Gobierno Rivero.
Y no es nuestra la calificación de frívola o considerar tal hacer como un hecho meramente caprichoso, ni es un adjetivo exclusivo del partido político Centro Independiente de Canarias (CICAN), sino que esta fuerza política se adhiere a la consideración que al respecto ha efectuado el propio gobierno canario en orden a la creación de la policía, y más cuando aplaza su entrada y desarrollo de la función del mencionado cuerpo de seguridad al año 2011; momento electoral autonómico, luego el interés al que obedece es difuso, y sólo encuentra justificación en prever una nueva fuente de nutrición de votos y así frenar la caída electoral del partido Coalición Canaria, aunque son plenamente consciente de los vicios de inconstitucionalidad en los que incurre la proposición de ley.
Si a ello añadimos que tal creación no ostenta la condición de necesidad prioritaria para Canarias, y que su efectividad es altamente dudosa porque su función se reducirá a la custodia de edificios públicos, vulgar guarda espalda de los altos cargos, salvo que implícitamente los deseos autodeterminantes de algunos dirigentes del Gobierno fueran constituir las bases del ejercito canario, en cuyos casos estos inventos cuestan mucho dinero al erario publico canario, y su arbitrarismo es peligrosísimo, pues este es el segundo gran hallazgo alcanzado por las fuerzas parlamentarias de Coalición, el primero le recuerdo consistió en el informe favorable a la expropiación del edifico para el nuevo Parlamento, que fue volado jurídicamente por el Tribunal Constitucional, y ello me legitima para exigir y demandar del Gobierno tanto a los miembros de Coalición Canaria como del Partido Popular, que tengan presente que Canarias no es la finca privada en la que todo vale.
Juan Fernández del Torco Alonso
Presidente del Centro Independiente de Canarias (CICAN)
