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Canarias 25 de Febrero de 2008
El Gobierno mantiene la defensa de sus competencias en el transporte por carretera
La Mesa del Trasporte apoya al Gobierno de Canarias en sus negociaciones con el Estado para la implantación del Tacógrafo
El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno regional, Juan Ramón Hernández, trasladó ayer a la Mesa del Transporte de Canarias, el resultado de la reunión mantenida con el Secretario de Estado de esta materia, Fernado Palao, que ha permitido mantener el diálogo abierto entre ambas administraciones sobre las discrepancias surgidas entre la Ley Canaria del Transporte por carretera y el Real Decreto que regula la aplicación del tacógrafo en toda España.
A pesar de que el Real Decreto del Estado establecía la obligatoriedad del uso del tacógrafo sólo en las islas mayores de 1.500 kilómetros cuadrados, es decir, en Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, de acuerdo con los grupos políticos y con el sector, decidió que era necesaria la implantación del tacógrafo en las siete islas porque el trafico interinsular de mercancías y de pasajeros se ha multiplicado en los últimos años. Canarias, dado el avance de sus infraestructuras y del transporte marítimo, ha visto como, de forma cotidiana, los transportistas se desplazan de una isla a otra en el mismo día.
Por este motivo, el Gobierno de Canarias apostó por la implantación del tacógrafo dado que será un elemento que permitirá armonizar las condiciones de de trabajo y de la competencia entre los medios de transporte terrestre, especialmente por lo que respecta al sector del transporte por carretera.
De acuerdo con el decreto del Estado, las islas de Fuerteventura, Tenerife y Grancanaria, por su extensión, deberían contar con este elemento, que registra la velocidad y los tiempos de conducción y descanso de los conductores, desde este mismo año.
Asimismo, el Gobierno de Canarias ha intentado trasladar al Ministerio el problema que se plantea en islas como Fuerteventura donde no hay centros de ensayo autorizados para la activación y certificación del tacógrafo, por lo que tendrán muy complicado cumplir con todos los requisitos exigidos en la norma.
En definitiva, el sector y las administraciones coinciden en la necesidad de la implantación del tacógrafo, pero la Ley canaria establecía unos plazos más amplios que los propuestos en el Real Decreto ministerial atendiendo a las especiales condiciones de fragmentación de las Islas Canarias y a que en Canarias nunca se ha aplicado el tacógrafo, mientras en el resto del territorio nacional está en vigor desde 1985, por lo que el resto de España tiene acumulada una experiencia en la aplicación de este elemento. Esta circunstancia es el objeto de la discrepancia entre el Estado y Canarias por lo que, según informó el consejero, es probable que el Ministerio interponga el anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo ambas administraciones han coincidido en la necesidad de mantener las negociaciones que podrían llevar a una retirada de este recurso.
