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Canarias 19 de Septiembre de 2013
La Ley de Reforma Local que está elaborando el Estado devuelve las competencias de Servicios Sociales
a Cabildos y Gobierno autónomo
El Gobierno de Canarias ha enviado un informe a la Administración General del Estado mostrando su desacuerdo.
"El anteproyecto de Ley de la Reforma Local, si al final se aprueba, supondrá un claro retroceso en las políticas sociales sobre todo en un territorio fragmentado y disperso como es Canarias", declaró la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, en Comisión Parlamentaria.
"Por tanto, nuestra valoración no puede ser más que negativa. Pero al margen de esta valoración, estamos muy preocupados por cómo puede afectar esta futura ley a las personas que viven en Canarias, si al final se lleva a cabo", prosiguió la consejera.
El anteproyecto de Ley de reforma del Régimen Local que está elaborando el Estado dispone que todas aquellas competencias en materia de servicios sociales que vengan actualmente ejercidas en los municipios de menos de 20 mil habitantes, deberán ser asumidas por los Cabildos Insulares, como servicio público obligatorio de carácter supramunicipal, y aquellas otras que se vienen ejerciendo en los municipios de más de 20 mil habitantes, de atención primaria o especializada que se salgan del ámbito de la materia de evaluación e información, de situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, deberán ser asumidas por la Comunidad Autónoma de Canarias.
Según explicó Rojas, "son tres los puntos que originan la preocupación y la oposición del Gobierno de Canarias: en primer lugar, el cambio que prevé el anteproyecto en materia de servicios sociales puede generar en Canarias una situación compleja desde el punto de vista jurídico. Las competencias en servicios sociales están atribuidas a los ayuntamientos a través de diferentes leyes sectoriales en esta Comunidad Autónoma, sin embargo según el anteproyecto pasarían a ser competencias impropias por lo tanto tendrían que ejercerse si se trata de municipios de menos de 20.000 habitantes, por parte de los Cabildos Insulares, y si hablamos de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes por la Comunidad autónoma".
"En segundo lugar, -prosiguió- el hecho de que el anteproyecto de ley obligue a que sea los Cabildos o el Gobierno de Canarias quien preste los servicios sociales llamados hasta ahora comunitarios y en los términos en los que está ahora mismo redactado, generará un problema con el proceso de traspaso de personal. ¿Y por qué? Porque establece un sistema de traspaso calculado por costes estándar en vez de aplicar, como hasta ahora, un cálculo por costes efectivos, o sea por costes reales".
“El tercer factor que preocupa sobremanera” aseguró la consejera- es el plazo de un año que prevé el anteproyecto para que la Comunidad Autónoma recupere la gestión de los servicios sociales transferidos. Solo un año, cuando en otras materias, como educación, el mismo texto prevé cinco".
Rojas informó a la Comisión que "el Anteproyecto de Ley impide a la Comunidad Autónoma decidir cualquier intervención para determinar cuál es el ámbito territorial más adecuado para la prestación de los servicios, lo que resulta contrario al artículo 30.13 de su Estatuto de Autonomía que le confiere competencia exclusiva en materia de asistencia social y servicios sociales".
El planteamiento del Gobierno de Canarias es radicalmente distinto al contenido en el anteproyecto de ley. Creemos que los municipios deben ostentar competencias en la materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
"Y desde luego así ha sido hasta ahora. La Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales que nos ha permitido avanzar ampliamente en la consecución de un modelo de responsabilidad pública y en la descentralización de competencias en los Cabildos y Municipios a través de reglamentos específicos que abarcan servicios dirigidos a mayores, discapacitados, mujeres o menores", aseguró Rojas.
"El avance de la sociedad canaria, la actual crisis y la entrada en vigor de leyes como la de la dependencia, además de la necesidad de racionalizar los servicios sociales nos llevan a tener que revisar esta ley tan importante para Canarias para adaptarla al nuevo papel de las Administraciones Públicas en la sociedad pero entendemos que este avance debe ser desde los principios de normalización, descentralización y prevención. Y en ese sentido, estábamos elaborando la nueva Ley de acción social, en la que seguimos avanzando pero con la cautela necesaria debido a las modificaciones que se están gestando desde el Gobierno del Estado", concluyó Rojas.
