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Canarias 14 de Septiembre de 2013
Acuerdan interponer el recurso contra
el reparto del déficit asignado a Canarias
Con el reparto realizado, el Estado aumenta su capacidad de gasto en 5.974 millones más mientras que las comunidades autónomas pierden 3.914 millones.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, acordó este jueves, la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra los acuerdos del Consejo de Ministros que fijaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2013-2016.
El Gobierno de Canarias considera que el reparto del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, por un lado, y el establecido para cada una de las autonomías, por otro, ha sido acordado de forma unilateral y arbitraria por el Gobierno central y vulnera la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Según la valoración del Gobierno, en la distribución del déficit se ha incumplido la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aplicando un procedimiento que no se ajusta a la norma.
De acuerdo con esa disposición y a juicio de los servicios jurídicos, el reparto establece una metodología que el Estado no ha respetado ni tampoco se ajusta a las previsiones establecidas por la Comisión Europea para su cálculo.
Solo en referencia al año 2013, la fórmula aplicada permite al Estado aumentar su capacidad de gasto de forma irregular en 5.974 millones de euros más mientras que las comunidades autónomas pierden 3.914 millones en su conjunto.
En cuanto a la fijación de los objetivos individuales a las comunidades autónomas, el Gobierno considera que también se vulnera la Ley de Estabilidad Presupuestaria al no contemplar factores como el déficit de ingresos procedentes del sistema de financiación que, en el caso de Canarias, supone una merma anual de 800 millones de euros para garantizar los servicios públicos esenciales. Además, tampoco se ha tenido en cuenta la situación económica de cada comunidad autónoma ni la tasa de desempleo.
Asimismo, los servicios jurídicos entienden que la distribución acordada por el Consejo de Ministros ha vulnerado los principios constitucionales de igualdad, solidaridad y autonomía financiera de las comunidades.
