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Canarias 19 de Septiembre de 2013
“El Gobierno de Canarias esconde la posible inconstitucionalidad de su Ley de moratoria”
Ha de resolverse una discrepancia con el Gobierno de la Nación respecto a la prohibición de hoteles de menos de 5 estrellas.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en materia de Turismo, Astrid Pérez, manifestó ayer que el Gobierno de Canarias pretende ocultar las discrepancias del Estado respecto a la constitucionalidad de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, y la prohibición de construir hoteles de menos de cinco estrellas.
El Gobierno de la Nación ha manifestado sus dudas respecto a la validez del artículo 4.2 de esta Ley, “dando la razón al Grupo Popular cuando advirtió durante el trámite parlamentario sobre el intervencionismo de Paulino Rivero, y asumiendo los argumentos que también han defendido el Cabildo de Gran Canaria y un nutrido grupo de empresarios de las islas, respecto a que se obstaculiza la inversión y la construcción de establecimientos hoteleros”, declaró Pérez.
Dos meses después de haberse comunicado estas discrepancias, que la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado – Comunidad Autónoma de Canarias acordó remitir al Tribunal Constitucional, el Gobierno regional ha incumplido su obligación de publicar esta discrepancia en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
“En lo que va de año, el Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno, Fernando Ríos, ha publicado hasta cuatro acuerdos similares en el BOC –argumentó la diputada del PP-, y ahora parece que quieren ocultar que una de sus normas estrella en esta legislatura podría ser inconstitucional”.
Según los términos del acuerdo, firmado el 25 de julio de 2013 por el vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, y el Ministro Cristóbal Montoro, se decidió designar un grupo de trabajo para proponer la solución que proceda, “a la vista de que las tesis de CC son un claro obstáculo al crecimiento y el empleo en las islas a través de la renovación de la planta hotelera obsoleta”, insistió.
“Estos visos de inconstitucionalidad se unen a las críticas que ya habían expresado el Consejo Económico y Social, las Universidades y hasta los sindicatos”, concluyó Pérez, para quien Rivero “está cada vez más solo en su defensa de la moratoria”.
