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Canarias 21 de Septiembre de 2013
Elevan al Consultivo la Ley de creación
del Colegio Profesional de Educadores
y Educadoras Sociales
El Ejecutivo pretende con esta medida dotar a estos profesionales de una organización capaz de regular su ordenación, representación y defensa.
El Consejo de Gobierno acordó solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el Proyecto de Ley de creación del Colegio Profesional de Educadores y Educadores Sociales de Canarias.
La iniciativa legislativa tiene por objeto la creación del colegio profesional de educadores y educadoras sociales de Canarias, como Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y ejercicio de sus funciones. Con esta medida, el Ejecutivo pretende dotar a dichos profesionales de una organización capaz de regular su ordenación, representación y defensa.
A pesar de no contar con un Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales en Canarias, los profesionales de este ramo han sido siempre conscientes de la necesidad de auto organizarse. De ahí que en Canarias se cuente con dos asociaciones profesionales, quienes han sido las que han promovido la iniciativa de creación del Colegio.
El profesional de la educación social nace al amparo de nuevas necesidades sociales que exigen, con el objeto de avanzar en su satisfacción, incrementar los esfuerzos educativos más allá del contexto y la finalidad académica. De ahí que la labor del educador social se oriente a la formación en los campos de la educación no formal, educación de adultos (incluidos los de la tercera edad), inserción social de personas desadaptadas y minusválidos, así como en la acción socio-educativa.
El Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias se crea al amparo de lo establecido en los artículos 36 de la Constitución española, el 32.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en relación con lo dispuesto por la Ley Territorial 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales y en su Reglamento, aprobado por Decreto 277/1990, de 27 de diciembre.
