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Canarias 16 de Octubre de 2013
El PP retira los fondos para las ayudas
a los libros de texto y el programa de inglés para jóvenes, entre otros
A estas alturas del ejercicio 2013, Canarias sólo ha recibido algo más
de 170.000 euros de los 9 millones que le correspondieron.
En el año 2011, la Comunidad Autónoma de Canarias recibió más de 13,5 millones de euros de los programas de cooperación territorial destinados a lograr los objetivos educativos de Europa 2020. Esos fondos han sido recortados año tras año hasta su total desaparición en 2014.
El consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, José Miguel Pérez, respondía así a la pregunta formulada por la diputada Rita Gómez en el Parlamento de Canarias.
Según Pérez, esta decisión del “gobierno de la derecha” elimina las partidas para el programa de inglés para jóvenes, las ayudas a los libros de texto, el programa de mejora de formación del profesorado o el de abandono escolar, entre otros, “a pesar de reconocer que han contribuido a que nos situemos cerca de los objetivos previstos por la Estrategia europea.”
En el aprendizaje de lenguas extranjeras, la última partida consignada por el Estado fue la de 2012, con algo más de un millón de euros, “lo que no es de recibo, y menos en un momento como este en el que parece que todos estamos de acuerdo en que estas enseñanzas son imprescindibles”, continuó el consejero.
José Miguel Pérez enunció los 32 proyectos que integran los programas de cooperación territorial y que se han visto afectados por la pérdida definitiva de la financiación estatal, tales como la gratificación extraordinaria para la jubilación de los docentes de la LOE, “que tenía consignados más de siete millones de euros para el presente ejercicio y que aún no hemos recibido”. Lo mismo ha ocurrido con el programa Escuela 2.0 para la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en los centros educativos. Según el consejero, “otro programa imprescindible hoy en día ha sido víctima de los recortes de Rajoy por segundo año consecutivo”, ya que la última financiación del Estado para este capítulo correspondió a 2012.
“En resumen, -concluyó- en 2011 recibimos más de 13,5 millones de euros; en 2012, nos quitaron más de 250 mil euros; en 2013, nos quitaron más de cuatro millones respecto a 2012 y, encima, a estas alturas sólo hemos recibido algo más de 170.000 euros”
Supresión del PIEC
En lo referente a la supresión del Plan Integral de Empleo de Canarias en materia de Educación (PIEC), José Miguel Pérez manifestó la necesidad real de los fondos de este programa de 15 años de vigencia y que aportaba un presupuesto anual de 40 millones de euros para infraestructuras educativas. “No queremos el dinero para construir aeropuertos sin aviones, sino centros educativos”.
El consejero socialista informó a la Cámara regional que la supresión del PIEC desde 2012 ha obligado a la Comunidad Autónoma a buscar alternativas financieras compatibles con los objetivos de déficit y que, además, “nos permitieran hacer frente a las obras de mantenimiento de los centros existentes y la construcción de los definidos en el Mapa escolar de Canarias”.
En 2011 el PIEC proporcionaba el 40% del presupuesto destinado a la construcción de nuevos centros y a ampliaciones de los ya existentes y en la actualidad se han finalizado la práctica totalidad de las obras pendientes “gracias al esfuerzo del Gobierno de Canarias y la colaboración de los fondos FEDER”. Pérez continuó informando de que las únicas obras pendientes que aún no han finalizado son “la ampliación del CEIP Veinte de Enero, de Agüimes; el nuevo CEIP 7 Palmas, próxima a finalizar, y la rehabilitación y ampliación del IES Alonso Pérez Díaz, de La Palma, en uso, pero a falta de pequeñas intervenciones para considerar que la obra ha finalizado.”
En cuanto a las obras mayores iniciadas con posterioridad a la supresión de financiación estatal, El Gobierno de Canarias, estudia un sistema de financiación privada de obra pública para la construcción de quince nuevos centros, cuyo presupuesto asciende a 80 millones de euros. José Miguel Pérez manifestó que en el caso de no conseguir esta vía de financiación se estudiarían “todas las alternativas posibles” para paliar “la retirada repentina y prolongada de una aportación estatal consolidada, fruto de una decisión unilateral del ministro Wert, único responsable de este problema”, finalizó.