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Canarias 5 de Octubre de 2013
El Gobierno canario trabaja ya
en los planes supletorios de 20 municipios del Archipiélago
Es una de las consecuencias de la Ley de Medidas Urgentes, que ha permitido además la implantación de más de 20 parques eólicos y la legalización de más de 250 instalaciones ganaderas.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, informó ayer, en el Parlamento canario, que el Ejecutivo regional, desde la vigencia de la Ley 6/2009 de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo, ha suscrito convenios con 20 municipios del Archipiélago para promover y aprobar planes generales supletorios, algunos de cuales tienen su tramitación ya muy avanzada, como es el caso de los de Yaiza y Teror, cuyos documentos de ordenación se aprobarán definitivamente en los próximos meses, así como los planes de Arafo, La Aldea de San Nicolás y Santa Brígida, que están en aprobación inicial, y los planeamientos municipales de Firgas, Moya, San Miguel, Arico y Villa de Mazo. Gracias a los convenios suscritos con los municipios citados, el departamento autonómico ha redactado y tramitado dichos instrumentos, de forma que estas localidades "contarán con planificación urbanística en esta Legislatura", según dijo el consejero.
La Ley de Medidas Urgentes, que según Domingo Berriel está dando respuesta adecuada a necesidades planteadas, se aprobó para impulsar actuaciones de importancia para el desarrollo del Archipiélago que se veían frenadas por la normativa territorial establecida, viniendo a "resolver dificultades y lagunas normativas para la consecución de instrumentos de ordenación territorial con el fin de dinamizar los sectores primario, energético, industrial y turístico".

Según aseguró el consejero, durante su intervención en el Parlamento, estos planes generales supletorios, con el contenido estructural y la ordenación pormenorizada que resulte necesaria para implantar los sistemas generales, las dotaciones y servicios públicos, la implantación y ejecución de las viviendas de protección pública, la creación y ordenación de suelo industrial, la mejora de la calidad alojativa turística o la implantación de sus equipamientos complementarios, permitirán que los ciudadanos tengan garantizadas las infraestructuras y dotaciones necesarias para el ejercicio de sus derechos y para el desarrollo de sus municipios.

Domingo Berriel insistió en que la citada Ley además "viene a posibilitar que, aun no estando el emplazamiento elegido previsto en el planeamiento territorial, 16 de los 23 parques eólicos adjudicados en Gran Canaria puedan implantarse, legitimando la ocupación del territorio a través de los Proyectos de Actuación Territorial, al igual que cinco de los nueve adjudicados en Tenerife y otros en el resto de las Islas".

La aplicación de la Ley 6/2009 de 6 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo también ha posibilitado, ante la necesidad de infraestructuras, equipamientos y dotaciones docentes, educativas, sanitarias y socio-sanitarias, la implantación de las mismas "en suelo rústico protegido por razón de sus valores económicos, previa ponderación de su oportunidad, necesidad y la exigencia de una especial cualificación", según indicó el consejero. Así, se han autorizado, entre otras instalaciones, colegios en Arucas, Puerto del Rosario y Arafo, granjas escuelas con aula de la naturaleza en Telde y un proyecto educativo de la cultura con las aves y los cultivos canarios en Arucas, entre otros.

Relevante ha sido también, según subrayó el responsable autonómico, "la respuesta de la citada Ley a la necesidad del sector agrario de simplificar la tramitación de los permisos para las obras propias de la explotaciones agrarias, tales como las de restauración, limpieza de terrenos, reparaciones de caños, acequias y otras obras hidráulicas, vallados y pequeños almacenes, eximiéndoles de la previa Calificación Territorial, lo que ha supuesto, además de la liberalización de una gran tarea a los servicios encargados de estas tramitaciones en los cabildos insulares, la simplificación y exigencia de trámites a los integrantes del sector y la celeridad en la resolución de sus solicitudes".

Sobre esta materia, destacó que, en el proceso de regulación y registro de explotaciones ganaderas, la Ley de Medidas Urgentes ha posibilitado que las instalaciones ejecutadas sin título administrativo, preexistentes a la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de ordenación del territorio, que se mantuvieran en explotación, puedan obtener la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones, mediante un procedimiento simplificado, lo que ha implicado que "264 instalaciones de las más relevantes se hayan ya legalizado y se ha facilitado a las posteriores su implantación en más categorías de suelo". Además, el otorgamiento de seguridad jurídica permite a los ganaderos acceder a las subvenciones de modernización de sus explotaciones y mejorar así su competitividad y la trascendencia social que ello comporta; y la regularización también redunda en el interés general, ya que se exige mejora sanitaria, ambiental y paisajística en las instalaciones.

Durante la intervención, el consejero también recordó que la Ley 2/2013, de renovación y modernización turística de Canarias articula una decidida incentivación a las iniciativas de rehabilitación y renovación de las instalaciones e infraestructuras turísticas, a la mejora de la calidad de las explotaciones principalmente alojativas y de ocio, y ofrece alternativas al destino del suelo de uso turístico con derechos urbanísticos consolidados.

A este respecto, el consejero dijo que, además de propiciar el esfuerzo inversor dirigido a la mejora de la competitividad del sector, se han articulado también mecanismos y procedimientos abreviados de elaboración y aprobación del planeamiento o de sus modificaciones necesarios para afrontar el cambio en el menor plazo posible. Así, "manifestación de ello son los 15 planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad turística, en los que se aplican los incentivos y medidas para la renovación de las infraestructuras previstas en la Ley", de los cuales, según dijo, "resalta que los acuerdos suscritos mediante convenios, incorporados en estos planes, viabilizan la modernización de 49 establecimientos de alojamiento, que conseguirán la rehabilitación o sustitución de 17.300 camas y un total de 44 equipamientos turísticos complementarios. Si a ello le sumamos las operaciones que se están concertando en los documentos en tramitación, estaríamos hablando de más de un centenar de establecimientos alojativos, con más de 30.000 camas a rehabilitar y unos 60 establecimientos turísticos complementarios", informó Domingo Berriel.