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Canarias 3 de Octubre de 2013
PSC-PSOE, NC y CC se oponen
a la modificación de la Ley de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo

Representantes del PSC-PSOE, NC y CC en el Cabildo de Gran Canaria –Carolina Darias, Inés Jiménez y Fernando Bañolas, respectivamente- dieron a conocer ayer a los medios de comunicación, una moción conjunta que defenderán en el próximo pleno del lunes para pedir al Gobierno de España la paralización de la modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
En este acto informativo participó una representante de la Plataforma
‘Yo decido’, que fue quien realizó esta petición a los anteriores grupos políticos
mencionados. Este colectivo está integrado por numerosas asociaciones y colectivos de Gran Canaria, en defensa de los derechos y libertades de las mujeres, por una maternidad responsable y por un aborto seguro.

Cristina Izquierdo, representante de este colectivo aseguró que la reforma de Ley pretendida por el Ministro Gallardón supone “un paso atrás y un gran retroceso en cuanto a los derechos y las libertades de las mujeres. No estamos dispuestos a retroceder”. Señaló que según los datos de ACAI (Asociación de Clínicas Autorizadas para la Intervención del Embarazo), se quedarían fuera de este derecho a decidir más de 100.000 mujeres en España.

La portavoz socialista en el Cabildo de Gran Canaria, Carolina Darias, recordó que hasta el año 2010, las mujeres que querían abortar cometían un delito; se criminalizaba a la mujer que quería abortar y a los profesionales que realizaban esta práctica. En el año 2010, las Cortes Generales, a propuesta de los socialistas, aprobaron una ley para introducir el derecho del aborto como un derecho de las mujeres que garantizaba la seguridad desde el punto de vista de la salud, y desde el punto de vista jurídico de las personas que lo practicaban. “Ahora el PP quiere situar a la mujeres de este país en tiempos jurásicos. Una vez más pretende que sean los poderes públicos los que decidan sobre la maternidad de las mujeres. Nos oponemos a que España se sitúe a la cola en la defensa  de los derechos de las mujeres”, aseveró Darias. El PSOE en el Cabildo de Gran Canaria ya presentó una moción al Pleno en julio del pasado año sobre el anunció de Ruiz Gallardón de modificar la Ley, iniciativa que contó con el voto en contra del PP.

“El PP añora el pasado. Al Ministro Ruiz Gallardón se le cae la careta de cierto progresismo en la derecha con estas actuaciones que está pretendiendo. Volveremos a los embarazos clandestinos”, afirmó el portavoz de CC, Fernando Bañolas.

“La mujer tiene que decidir. Esta modificación de la Ley supone un retroceso para la sociedad general y para la mujer en particular. Es una legislación de las más retrogradas de la UE. Volveremos a la clandestinidad en las mujeres para decidir. Los requisitos van a ser mucho más restrictivos. Vamos a volver a antes del 85. Son derechos históricos que hemos conseguido las mujeres”, destacó, por su parte, la consejera de NC Inés Jiménez.

La modificación de la Ley
Este cambio supondrá que las mujeres con embarazos no deseados que no tengan suficientes recursos económicos, volverán a poner en peligro sus vidas recurriendo a abortos clandestinos y las que cuenten con medios, se verán, como antes, obligadas a viajar a otros países para poder abortar.

Asimismo, las mujeres no van a poder decidir sobre su maternidad, porque necesitarán el permiso de un  o una profesional o, en el caso de las menores de edad, de un tutor o tutora para poder interrumpir su embarazo.

La inseguridad jurídica volverá para el personal sanitario y para las mujeres, que se pueden ver implicados, como antes, en múltiples procesos judiciales condenatorios; y se suprimirá el supuesto de malformación fetal, en un momento como el actual, donde hay un aporte cero a la Ley de Dependencia. A esto se añade el RDL 16/2012 por el que se niega el derecho a la salud a las personas indocumentadas. Hasta ahora el 40% de los abortos que se realizan son de mujeres inmigrantes.

Este cambio propuesto por el PP significa también que se endurecerán los requisitos para acceder al supuesto de riesgo para la salud física y psíquica de la gestante. Y que se negará  la posibilidad de que las jóvenes de edades entre 16 y 18 años, puedan decidir en algo que afectará por entero su futuro, volviéndose a regular la edad de consentimiento en 18 años. Lo que aumentará la posibilidad de acceso a prácticas de riesgo y volverá a darse la paradoja de que las chicas entre 16 y 18 años podrán casarse, tener hijos e hijas, pero no podrán decidir no tenerlos.