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Canarias 18 de Octubre de 2013
El Diputado del Común propuso desde
el mes de junio a la Mesa del Parlamento
el mantenimiento de las delegaciones insulares
Jerónimo Saavedra lamenta las acusaciones del PP y defiende un trato igualitario para los ciudadanos de todas las islas en la defensa de sus derechos.
El Diputado del Común salió al paso de las acusaciones vertidas por el parlamentario del Partido Popular, Fernando Figuereo, sobre el mantenimiento de las delegaciones de esta institución en las diferentes islas, donde argumentaba que esta institución había hecho “oídos sordos” al requerimiento de la Mesa del Parlamento sobre la disposición adicional 58 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, en la que se establece la racionalización del gasto público. Al respecto, Jerónimo Saavedra aseguró que “el pasado 26 de junio, el Diputado del Común argumentó a la Mesa lo que la Ley ofrece como posibilidad para el mantenimiento de las oficinas insulares”.
“Hemos planteado la viabilidad de las delegaciones del Diputado del Común, dentro del marco que ofrecen los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, porque defendemos la continuidad e las oficinas de esta institución en todas las islas”.
“Más de la mitad de las quejas que recibe el Diputado del Común al año son presenciales, por lo que no podemos renunciar a esa labor cercana con los ciudadanos en la defensa de sus derechos, ya que estaríamos profundizando en las desigualdades dentro de nuestra Comunidad”, argumentó.
Asimismo, Jerónimo Saavedra lamentó que el Partido Popular no pregunte al Diputado del Común y, por tanto, se informe de que “los 87.000 euros anuales pagados en concepto de alquiler por la oficina de Gran Canaria, se deben a la sede que ocupaba la institución con anterioridad al uno de septiembre de 2012, por lo que, desde entonces, no hay coste alguno de alquiler en las mencionadas oficinas”.
El Diputado del Común indicó además que “en lo único que acierta el parlamentario popular de la isla de Lanzarote es que el coste de las oficinas de las cuatro islas no capitalinas es inferior a los 26.000 anuales”.
Saavedra señaló por último que si la institución, tal y como pretende el Partido Popular, se concentrara solo en su sede principal de la isla de La Palma, reduciedo el coste a 681.000 euros, tal y como sostiene su parlamentario, “tendría que afrontar nuevos gastos que serían difíciles de cuantificar al no contar con espacios libres disponibles, sumado al trastorno que representaría concentrar al personal en estas instalaciones”.
