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Canarias 19 de Noviembre de 2013
El Gobierno establece un protocolo
para el uso racional de la videoconferencia
en la Administración de Justicia
Las sedes judiciales de Canarias están dotadas con este sistema. Constituirá un abaratamiento de los costes, además de rapidez,
eficacia y economía de los procedimiento judiciales.
La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, junto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma, firmaron ayer un protocolo por el que se establecen las instrucciones para un uso más racional y eficaz del sistema de videoconferencia en la Administración de Justicia en Canarias, con el objetivo de conseguir una mayor generalización en su uso, un mayor grado de homogeneidad en los criterios utilizados por todos los firmantes y una mejor coordinación entre los mismos.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, señaló tras la firma que "las nuevas tecnologías en las oficinas judiciales contribuyen a una indudable mejora de su gestión, a una actualización en su funcionamiento y a un incremento de sus niveles de eficiencia, además de posibilitar una mayor interoperabilidad entre las distintas Administraciones con competencias en Justicia".
El uso de la videconferencia, añadió el consejero, "constituye sin duda un abaratamiento de los costes del servicio público de la Administración de Justicia sin que ello implique merma alguna de la seguridad y confianza en el sistema".
Ambas consejerías, así como el TSJC y la Fiscalía, coinciden en la innegable trascendencia y utilidad de la videconferencia al facilitar la rapidez, eficacia y economía que todo procedimiento judicial requiere, posibilitando la práctica de actuaciones judiciales cuando los que intervienen en las mismas no se encuentren físicamente presentes en el mismo lugar.
Hernández Spínola destacó que la utilización de la videoconferencia cobra especial relieve en un contexto geográfico como el de la Comunidad Autónoma de Canarias al tratarse de un territorio fragmentado. A ello, indicó, hay que sumar el distanciamiento de las islas con el territorio peninsular, la afluencia constante de población turística flotante, así como por el fenómeno migratorio.
La apuesta del Gobierno por las nuevas tecnologías, continuó el consejero, ha permitido dotar del sistema de videoconferencia a las sedes judiciales evitando el desplazamiento constante entre islas de partes, testigos y peritos judiciales, especialmente de médicos forenses y traductores-intérpretes.
"Son indudables las bondades que aporta el uso de la videconferencia al sistema de Justicia en general", precisó Hernández Spínola, ya que tiene la virtud de poder comunicar imagen y sonido en tiempo real en dos puntos distantes, evita que la distancia física en un determinado momento constituya un impedimento para la actuación judicial, y facilita enormemente la labor de la Administración de Justicia en un territorio disperso como Canarias.
Por su parte, la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, destacó que el sistema de videoconferencia "es un instrumento imprescindible para procurar en muchas ocasiones la preservación de la intimidad de los menores en sus comparecencias, particularmente cuando actúan como testigos", y en general, añadió, "facilita que se proteja la libre y espontánea declaración de víctimas, testigos o peritos, sometidos a la presión del desenvolvimiento de procesos especialmente complejos o conflictivos".
Además, "garantiza la aplicación de la protección prevista en la Ley en los casos en que exista peligro grave para la persona, libertad o bienes de las personas protegidas", remarcó Rojas.
Al acto de firma del protocolo asistieron además de los consejeros Francisco Hernández Spínola e Inés Rojas, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, José Ramón Navarro Miranda, y el fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido.
