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Canarias 26 de Noviembre de 2013
Rojas: "Los recortes no pueden
justificar la desaparición de las políticas
de inclusión"
Inés Rojas abre el Congreso con la Ponencia "el cambio en la política canaria de inclusión de la discapacidad".
"Las políticas de inclusión de las personas con discapacidad fueron las últimas que se incorporaron al sistema de Bienestar Social y no pueden ser las primeras en salir de él", así comenzó su ponencia Inés Rojas, en el marco del IX Congreso Estatal de CERMI autonómicos bajo el lema "Gestión del Cambio en discapacidad" que se celebra en Tenerife hasta hoy.
"Por tanto" -continuó Rojas- "entiendo que las políticas de recortes no pueden justificar la desaparición de las políticas de atención a las personas con discapacidad".
Rojas comenzó su intervención analizando la aplicación de la Ley de dependencia "esta ley supuso un cambio en el sistema de atención a las personas con discapacidad, un sistema al que, desde Canarias, se incorporó el modelo de Buenas Prácticas que suponía la atención sociosanitaria".
La consejera recordó "que en Canarias ya gestionábamos desde el año 2.000 la atención a este colectivo desde un modelo de atención integral que incorporaba módulos sanitarios en el ámbito social, a través de los Planes sociosanitarios para personas mayores y personas con discapacidad".
En su intervención, la consejera se reafirmó en que "las políticas de recortes no pueden ser una justificación para desechar las acciones de discriminación positiva a favor de las personas con discapacidad para ponerlas en igualdad de condiciones con respecto al resto de la ciudadanía".
"Y esta es la línea en la que trabaja el Gobierno de Canarias, que ha venido manteniendo e incrementando su presupuesto en políticas de atención a este colectivo en este periodo de crisis", afirmó.
"De hecho, en 2013, Canarias destina a la atención a la Dependencia, un total de 96 millones de euros, lo que supone un 7,35%, 4.3 millones de euros más que en 2012, garantizando el mantenimiento de 8.229 plazas, de las cuales, 4.754 plazas residenciales y de estancia diurna son para personas con discapacidad, plazas que se encuentran distribuidas en un total de 127 centros residenciales y de estancia diurna", aclaró la consejera.
"Junto a las políticas de carácter social, reivindico otro cambio: el de la independencia de las personas con discapacidad, una independencia que pasa ineludiblemente por hacer realidad su acceso al empleo", enfatizó Rojas
"Por eso resulta tan necesario que, junto a las políticas de atención social y sanitaria de este colectivo, se impulsen las políticas dirigidas a potenciar su integración laboral", subrayó la responsable de Políticas Sociales.
Más de 1.100 empleos apoyado a través de los Centros Especiales de Empleo
En su exposición, Rojas hizo un balance de las diferentes líneas de actuación que conforman las políticas que el Gobierno de Canarias impulsa para lograr la inserción laboral de este colectivo, destacando entre ellas los 65 Centros Especiales de Empleo distribuidos por todo el Archipiélago, donde trabajan más de 1.000 personas en un empleo apoyado, y "cuya finalidad es proporcionar a este colectivo un trabajo productivo y remunerado adecuado a sus características personales con la intención de conseguir su integración en el mercado laboral".
"Además, desde el servicio público de empleo se dispone de una línea de subvención para el fomento del empleo de personas con discapacidad destinada específicamente a la empresa privada, -destacó la consejera-, quien aclaró que se trata de ayudas a la contratación indefinida o transformación en indefinido de contratos temporales de personas con discapacidad, que ascienden a 3.907 euros por contrato realizado".
"Asimismo, -continuó- también existen ayudas para la adaptación del puesto de trabajo o la dotación de medios de protección personal necesarios para evitar accidentes laborales o eliminar obstáculos que dificulten el trabajo de personas con discapacidad que alcanza los 901,52 euros".
"Especial atención tienen las subvenciones para promoción del Empleo Autónomo, por cuantías que ascienden a 8.000 euros para el establecimiento como trabajador autónomo y hasta 10.000 euros para mujeres desempleadas con discapacidad", afirmó.
"Igualmente, las empresas pueden lograr la deducción íntegra del impuesto de Sociedades por la cantidad de 6.000 euros por persona y año siempre que incremente el promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad", aclaró.
