Para que pueda ser publicado su comentario, por favor escriba un nombre de autor
Los siguientes comentarios son opiniones de los internautas, no de eldigitalsur.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
eldigitalsur se reserva el derecho a eliminar los comentarios que considere fuera de tema.
No está permitido realizar publicidad a través de los comentarios
Los comentarios enviados no se publican siempre al instante, depende de la hora pueden tardar en publicarse.
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta página web, salvo autorización expresa de eldigitalsur.com. Asimismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1 párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual.
eldigitalsur.com no se hace responsables por la opinión emitida por los colaboradores.
Publicidad
Canarias 20 de Noviembre de 2013
CCOO advierte que Canarias será
una de las CC.AA. más perjudicadas
por la implantación de la Lomce
La reforma educativa reducirá las oportunidades de formación al alumnado con menos recursos, con segregación temprana en la ESO.
CCOO advierte que la aprobación de la LOMCE supondrá un deterioro de la enseñanza pública de calidad, especialmente en aquellas comunidades autónomas como Canarias con menor poder adquisitivo, y donde más urgentes son las políticas de compensación de desigualdades y refuerzo educativo. “El proyecto de LOMCE opta por la segregación temprana del alumnado, lo que priva al mismo del necesario esfuerzo de apoyo educativo para evitar terminar la enseñanza secundaria sin un título habilitante adecuado, degradando además la Formación profesional al reservar la misma al alumnado con peor expectativa académica”.
Además, esta reforma se enmarca dentro de la disminución en más de un tercio de la inversión educativa en España, desde que gobierna el Partido Popular, la mayor parte atribuible al Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Este recorte ha tenido consecuencias desastrosas en términos de reducción del profesorado, incremento de las ratios y descenso del apoyo educativo al alumnado en los centros educativos públicos.
Por otro lado, la exclusión de la denominación "servicio público" de la definición del sistema educativo español, la posibilidad de adjudicar suelo público a centros concertados o la corrección de las pruebas externas por personal ajeno a la función pública son algunos de los aspectos más dañinos de este proyecto en su tramitación en el Senado. “El PP ha hecho desaparecer la expresión “prestación servicio público de educación” para volver a incorporar la de simple “prestación de servicios”, devolviendo el articulado al borrador original de la ley y rompiendo con su compromiso con los agentes sociales. De esta forma, el PP apuesta por unos poderes públicos menos responsables, que participen en la prestación de servicio pero que no lo garanticen”.
La futura Ley permitirá asimismo que las administraciones educativas puedan convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público. Ya en el proyecto de reforma de las administraciones locales, el Gobierno introdujo una cláusula mediante la cual los Ayuntamientos debían cooperar con la Administración educativa en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes; ahora, con la LOMCE, se completa el círculo y se consolida, a través de una ley orgánica, un negocio que puede acabar relegando la construcción de las escuelas públicas a las zonas más marginales.
Otra de las novedades introducidas a través de las enmiendas es que las pruebas externas podrán ser aplicadas y calificadas por profesorado que no pertenezca a la función pública. No resulta admisible que este tipo de pruebas, que al fin y al cabo determinan la posibilidad de alcanzar la educación superior y, por tanto, garantizar la continuidad educativa del alumno en el sistema, se realice sin la objetividad y la independencia que la función pública garantiza. Cuando CCOO se posicionó en contra de las reválidas ya mostró su inquietud por los riesgos que podía entrañar una falta de control y fiscalización pública de estas. “Sea cuál sea el sistema de aplicación y cualificación de las pruebas, esos principios deben quedar absolutamente garantizados”.
