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Canarias 25 de Noviembre de 2013
Trujillo (IUC):“Rajoy preside el peor gobierno de la democracia”
Con el PP, Canarias suma 51.000 nuevos desempleados y España otros 631.000.

Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria (IUC), afirma que “Rajoy preside el peor gobierno de la democracia porque engañó a la ciudadanía con su programa electoral y aprovecha la crisis para desmantelar derechos y bienestar. Con el PP, Canarias suma 51.000 nuevos desempleados y España otros 631.000. Asimismo, las familias con muchas dificultades para llegar a fin de mes han pasado del 10.6% al 16.9% y, por otra parte, en 2012, la deuda pública tuvo el mayor crecimiento jamás registrado. Se ha indultado a torturadores y corruptos y no hay cambios en el PP que expliquen la desaparición de la `trama de corrupción´ que, según Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso, se produjo en el partido del Gobierno”.
El Gobierno del PP “ha recortado el gasto público en sanidad, educación, dependencia e investigación y desarrollo. El recorte del poder adquisitivo de las pensiones y la caída de los salarios reales han reducido la demanda y retrasan la salida de la crisis. Sin embargo, para el PP, tiene mucho sentido retrasar la salida de la crisis porque, cuanta más gente desesperada haya, más fácil será recortar salarios y servicios públicos. Como éste ha sido el objetivo del PP, han renunciado a que los adinerados paguen impuestos similares a los de otros países europeos. Como demostración del agujero fiscal autoprovocado, la OCDE nos ha recordado este año que el gasto público por habitante de España es 1.737 dólares inferior al de los países de la OCDE, pero los ingresos públicos son inferiores en 3.672 dólares por persona. Seguimos gastando poco e ingresando muy poco, aunque nos engañen diciendo que gastamos demasiado”.

Para el coordinador de IUC, “como el peor gobierno no ha hecho uso de su mano izquierda ha abusado de su mano derecha. El nuevo Código Penal podrá imponer penas de cárcel por convocar manifestaciones a través de internet y la nueva Ley de Seguridad podría incluir multas de hasta 600.000 euros por manifestarse ante un parlamento. Esto se acompaña de la reforma de las administraciones locales que quita competencias a los ayuntamientos, en detrimento del gasto social y la democracia. Por último, reformas electorales como la de Castilla-La Mancha destruyen la capacidad representativa del parlamento autonómico y, de no revertirse, anticipan el fin de la limitada democracia que tenemos”.