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Canarias 6 de Noviembre de 2013
El Gobierno mantiene el empleo estructural un año más y garantiza la contratación temporal para áreas sociales
El presupuesto en Justicia garantiza la correcta prestación de este servicio, continúa el proceso de modernización e inicia la renovación de los equipos informáticos.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, destacó la apuesta del Gobierno de Canarias por el mantenimiento del empleo público durantes su presentación ante la comisión parlamentaria de Presupuestos, las medidas y normas contenidas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2014 referidas a las condiciones laborales de los empleados públicos. “El Gobierno mantiene el empeño de evitar despidos y mantener el empleo estructural, ya que el capital humano es el principal valor de una Administración en la que 8 de cada 10 empleados públicos se dedica a tareas de carácter social: sanitarios, docentes, administración de justicia y servicios sociales”, explicó. La Comunidad Autónoma contará en 2014 con 59.603 empleados públicos en activo que generará un coste de 2.647 millones de euros.
El ámbito de Administración General (personal adscrito a la gestión de las consejerías, sin Servicio Canario de la Salud, ni docentes, ni personal de justicia) reduce el número de efectivos, al pasar de 11.252 a 10.904 efectivos, mientras que Justicia los mantiene, Sanidad y Educación aumentan.
La disminución en el número de efectivos de Administración General se produce sin aplicar despidos, tan solo por el movimiento natural de la plantilla que va dejando plazas vacantes sin reposición por jubilaciones, excedencias o fallecimientos.
El consejero también expuso ante los diputados regionales el presupuesto de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias que combina la contención y reducción de los costes de funcionamiento en servicios horizontales, cuyo ahorro irradia en toda la estructura del Gobierno, con la potenciación de los servicios y prestaciones directas a los ciudadanos (atención a víctimas de violencia de género, mejoras para modernizar y agilizar la actividad judicial, impulso a los puntos de encuentro familiar, entre otras). El departamento cuenta para todo ello con más de 175 millones de euros para financiar los gastos de sus centros directivos en el año 2014.
El presupuesto de la Consejería en términos globales se reduce un 7,1%, aunque si analizamos la evolución interanual eliminando el efecto contable que genera en ambos ejercicios la terminación de la obra del edificio judicial de Las Palmas de Gran Canaria, y la consecuente desaparición de la plurianualidad para esta inversión, el presupuesto global de la Consejería aumenta en un 0,72%.
La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad es un departamento que presta servicios horizontales a toda la estructura del Gobierno para hacer posible su funcionamiento (telefonía, telecomunicaciones, informática, identidad corporativa, ordenación de procedimientos administrativos, diseño de protocolos, entre otros). Los ahorros en estos servicios suponen una reducción en los gastos de funcionamiento de toda la estructura administrativa: contención del gasto corriente (Capítulo II).
Para el próximo año, la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías prevé una reducción del 4,40% en el coste de la telefonía y las redes de comunicación e internet, y una disminución del 3,17% en el mantenimiento de servicios horizontales como el de información telefónica 012, el mantenimiento informático, las sedes electrónicas y otros sistemas de información.
A la vez, la Consejería combina esta reducción de costes anual con la inversión en mejoras telemáticas para continuar produciendo mejoras en la modernización y simplificación de la administración y en el desarrollo de la Administración electrónica. Concretamente, para 2014, la dotación es de unos 8 millones de euros para desarrollos del programa Platino y las sedes electrónicas, Atlante II, la red TETRA de seguridad y emergencias, y la inversión en discos duros y equipo para almacenamiento capaz de responder al notable aumento de la demanda ciudadana en los servicios de Administración Electrónica.
Todo ello para continuar con el impulso a la Estrategia para la Mejora y Modernización de los Servicios Públicos (Pemac), que se nutre de recursos presupuestarios de todas las Consejerías para proyectos de modernización sectoriales, pero cuya implantación está coordinada por la Inspección General de Servicios.
Entre las medidas para reducir los costes admnistrativos, la Consejería incluye este año dos partidas específicas para la digitalización de todo el proceso de comunicaciones y documentación del Boletín Oficial de Canarias (35.000 euros), proyecto impulsado por la Secretaría General Técnica, y de la tramitación interna de las iniciativas parlamentarias entre centros directivos, responsabilidad de la Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento. Estas dos herramientas generarán un notable ahorro en papel y tiempo de traslado de documentación impresa que dejará de ser necesaria.
De los 175 millones asignados a la Consejería, el 75% tendrá como destino la financiación de los gastos de la Administración de Justicia en Canarias, que como principal novedad para el año 2014 contará con el nuevo edificio judicial de Las Palmas de Gran Canaria a pleno rendimiento. La mudanza de los juzgados que integran el partido judicial de la capital de Gran Canaria culminará en el primer trimestre del año, una vez que durante 2013 se ha concluido la obra de construcción de esta infraestructura, con la consecuente desaparición en los presupuestos para 2014 de plurianualidad para esta inversión.
La puesta en marcha del nuevo edificio genera el próximo año un ahorro neto de costes de más de un millón de euros. Esta cantidad resulta de restar el millón de euros que cuesta el mantenimiento de este gran edificio administrativo en este primer ejercicio, al ahorro global en alquileres de los edificios en los que hasta ahora estaban los diferentes juzgados y tribunales dispersos por toda la ciudad (más de dos millones de euros al año).
Una vez concluido esta gran inversión en infraestructuras judiciales que supone un salto cualitativo en la calidad del servicio en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la reducción de costes generados por la Administración de Justicia, la Consejería centra sus prioridades en modernizar la gestión de Justicia.
La evolución del software de Atlante II y su calidad para la interoperatividad con otros aplicativos, como Lex-net (sistema de notificaciones y comunicaciones procesales virtuales), ha colocado a Canarias a la vanguardia informática en la Administración de Justicia. Para extraer el máximo partido de estos programas informáticos, el Gobierno apuesta por iniciar en 2014 la renovación progresiva de todos los equipos informáticos (ordenadores, videoconferencias, servidores, entre otros). De este modo, se acompasará la calidad del hardware al software. Para ello, el presupuesto reserva una partida inicial de 300.000 euros para equipos informáticos, que podrá aumentar durante el ejercicio 2014, según permita la ejecución presupuestaria.
El presupuesto también prevé el mantenimiento de la plantilla actual compuesta por 2.312 empleados públicos para Justicia; el relanzamiento de los puntos de encuentro familiar, que pasarán de los dos actuales, a cuatro en 2014; y la creación de un nuevo programa para el Ministerio Fiscal, segregado del resto de gastos generados por la Administración de Justicia atendiendo a una demanda expresa de la Fiscalía General de Canarias.
