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Canarias 9 de Mayo de 2013
Hernández Spínola reprocha
al Gobierno estatal que haya arrebatado
a los inmigrantes la atención sanitaria
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad inauguró en Gran Canaria un curso sobre inmigración dirigido a miembros de la carrera judicial.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo regional, Francisco Hernández Spínola, expresó ayer su rechazo a la decisión del Gobierno estatal de retirar la asistencia sanitaria pública y gratuita a los inmigrantes sin papeles que viven en España. Una medida que consideró "claramente discriminatoria que atenta contra el respeto a los derechos esenciales de las personas y que ni tan siquiera reportará un ahorro significativo para las arcas públicas".
Así lo puso de manifiesto Hernández Spínola en la inauguración en el municipio
grancanario de San Bartolomé de Tirajana del foro de inmigración 'La universalidad de los Derechos Humanos y la inmigración' que se desarrollará hasta el próximo viernes y que está dirigido a miembros de la carrera judicial.

El consejero, en su intervención, hizo alusión a la resolución del Tribunal Constitucional que respalda que el derecho a la salud está por encima de los recortes y medidas de ajuste impuestas por el Ejecutivo del Estado y, en tal sentido, señaló que el Gobierno "debería respetar y restituir un derecho que no debió ser arrebatado a las personas, en este caso, inmigrantes".

Una sociedad como la española, especificó Hernández Spínola, que tanto ha sufrido los dramas que a veces acompañan a la emigración fuera de su país, "no quiere convivir con esta medida que, de manera tan irresponsable, afecta y perjudica a seres humanos en base a su condición administrativa".

Asimismo, se refirió a la reforma del Código Penal en la que está trabajando el Ministerio de Justicia y que si finalmente es aprobada por el Parlamento español podrá ser objeto de sanción penal acoger en casa o ayudar económicamente a inmigrantes indocumentados. Una situación difícil, dijo el consejero, "para aquellas personas que quieren ayudar y se encuentran con la paradoja de que su actuación puede ser tildada de ilícito penal".

Los numerosos cambios y reformas en que está inmersa la Justicia también afectarán a la Ley de Extranjería, apuntó Hernández Spínola, y determinarán que el Estado pueda expulsar a una persona a la que se le haya reconocido protección internacional en la Unión Europea y cuente con un permiso de residencia de larga duración.

El responsable de Justicia del Gobierno canario expuso durante el acto de apertura del curso que España ha pasado, en muy poco tiempo, de ser un país de emigración a convertirse en destino preferente de los flujos migratorios como resultado del crecimiento económico y las expectativas de empleo asociadas al mismo. Ahora, matizó, con la evolución y el agravamiento de la crisis económica, la llegada de inmigrantes se ha reducido drásticamente y, en cambio, ha vuelto a producirse la salida de muchos ciudadanos que tienen que buscar, en otros países, las oportunidades que lamentablemente no encuentran en el suyo.

Por tal motivo, consideró que "es de justicia" reconocer la aportación decisiva de los inmigrantes al crecimiento económico del país en las dos últimas décadas. "Han trabajado atendiendo necesidades del mercado laboral y han contribuido, mediante sus cotizaciones e impuestos, al mantenimiento y mejora de nuestro Estado de Bienestar", afirmó el consejero que lamentó que "ahora se ven afectados de manera muy intensa por la gravedad de la crisis y también por ineficaces y restrictivas políticas del Gobierno de la nación".

La colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial mediante la creación de este foro de estudios sobre la inmigración permitirá que durante tres días sean objeto de debate, análisis y reflexión los derechos humanos en los fenómenos transfronterizos, el tráfico y la explotación de mujeres migrantes, la visión de la interculturalidad y la diversidad, la realidad en los centros de internamiento de extranjeros, las consecuencias de la exclusión social y la migración como derecho humano.

En el acto de inauguración también participaron la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán; el presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Humberto Guadalupe Hernández; el subdelegado del Gobierno en Las Palmas, Luis Molina; el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez y la magistrada y directora del curso, Carmen Simón Rodríguez.