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Tenerife 11 de Mayo de 2013
El gobierno crea la Cámara de Comercio
de España como una “marca comercial
de gran fuerza” para salir al exterior e implantar el modelo alemán de formación
El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley Básica de Cámaras de Comercio, que contempla la creación de la Cámara de Comercio de España, que actuará en representación de todos las cámaras del país y centrará su actividad en el apoyo a la internacionalización de las pymes y en la nueva formación dual que pretende impulsar el Ejecutivo para reducir el paro juvenil.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que la nueva Cámara de Comercio de España sustituirá al actual Consejo Superior de Cámaras de Comercio, y aseguró que será una "marca comercial de gran fuerza" para ayudar a la salida al exterior de las empresas españolas y para abrir la puerta de los mercados internacionales a las pymes.
Así, la Cámara de España tendrá a su cargo, en coordinación con la red nacional e internacional de Cámaras y las propias administraciones públicas, el desarrollo efectivo del Plan Cameral de Internacionalización y del nuevo Plan Cameral de Competitividad, así como el objetivo de impulsar en España la formación profesional dual como ejes centrales de su actividad.
El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Ignacio González Martin acoge con ilusión los retos que incorpora la nueva Ley que las regulará y que supone una clara apuesta del Gobierno para la continuidad del sistema cameral español.
Asimismo, valora como un gran acierto del Gobierno que el texto de la nueva norma se base en el criterio de utilidad pública y de vocación de servicio de las Cámaras de Comercio hacia las empresas, sobre todo, a las pymes.
El nuevo marco normativo de las Cámaras, que se enmarca en el Plan Nacional de Reformas del Gobierno 2013, confirma su importante papel y protagonismo para prestar aquellos servicios que demandan las necesidades de las empresas en estos difíciles momentos de recesión y de desempleo.
La red de Cámaras de Comercio, por tanto, se presenta como un imprescindible instrumento para coordinar, optimizar e impulsar recursos destinados al desarrollo de políticas publico-administrativas y de prestación de servicios a las empresas, destinados a acelerar la recuperación económica, la generación de riqueza y empleo.
Las funciones que recoge el nuevo marco regulador permite que las Cámaras de Comercio refuercen su papel en algunos aspectos como el Plan Cameral para la Internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, con el fin de aumentar su base exportadora, como elemento sustancial e imprescindible para el impulso de las exportaciones y el desarrollo de la economía española.
El Plan de Competitividad de la Empresa Española que recogerá el conjunto de las funciones públicas que deben desarrollar las Cámaras de Comercio en apoyo de las empresas españolas, en especial las pymes.
En la organización, con las administraciones competentes, en el desarrollo de un modelo de Formación Profesional Dual que de una respuesta eficaz a la dramática situación del desempleo juvenil.
Además, el texto recoge el nuevo papel de la Cámara de Comercio de España en la coordinación de las Cámaras de Comercio en el exterior.
El proyecto de Ley no recupera el recurso cameral permanente. Debe tenerse en cuenta que desde el 1 de enero de 2013, ninguna empresa está obligada a pagar esta contribución. Esta situación ha obligado a las Cámaras de Comercio ha realizar un durísimo proceso de reestructuración, pasando de 3.600 a 1.600 empleados, al igual que han hecho muchas empresas españolas en estos últimos años.
Se establece, por ello, que su financiación se basará en los ingresos que las Cámaras generen por los servicios que presten y por las aportaciones voluntarias de las empresas.
Al mismo tiempo, las Cámaras están llevando a cabo un importante cambio en la profesionalización y modernización de sus estructuras y de las competencias de su personal. Las Cámaras asumen ilusionadas el desafío y la responsabilidad que en ellas deposita el Gobierno para acometer los servicios que les demanden los intereses generales de la economía y seguir siendo un instrumento estratégico fundamental para el progreso económico y social de España.
