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Canarias 10 de Mayo de 2013
Más del 70 por ciento del alumnado
no universitario de Canarias secundó
la jornada de huelga en la enseñanza pública
Según los datos de Inspección General, no se registró incidencia de ningún tipo.

Según los datos recopilados por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias el 70,43 por ciento del alumnado no universitario de Canarias se ha ausentado durante la jornada de huelga de ayer, lo que representa 102.950 estudiantes. Por provincia, en Las Palmas la cifra se sitúa en el 72,3 por ciento, mientras que en Santa Cruz de Tenerife, el seguimiento ha sido del 68 por ciento, según los datos recopilados del 38,6 por ciento de los centros.
En cuanto a los datos referentes al personal docente, el seguimiento
de la huelga ha sido del 15,4 por ciento, según la información recopilada del 94,34 por ciento de los centros de enseñanzas no universitaria de las Islas, es decir, Infantil, Primaria, enseñanza secundaria y otras (como centros de adultos, escuelas de idiomas,). Las cifras indican que 3.246 docentes han secundado la jornada de huelga, siendo el seguimiento por provincias, del 17,4 por ciento en Las Palmas y del 12,9 por ciento en Santa de Cruz de Tenerife. La incidencia de la huelga entre el personal no docente es del 4,6 por ciento.

Según los datos de Inspección General, no se registró incidencia de ningún tipo.

Los responsables de la Consejería entienden los motivos que han promovido la protesta de ayer en el sector y que la comunidad educativa manifieste su oposición a la LOMCE y, en general, a las medidas que quiere imponer el Gobierno central en materia educativa.

La Consejería destaca el seguimiento registrado entre el alumnado, en clara oposición de las familias y estudiantes a las medidas del Gobierno central y destaca que el porcentaje registrado entre el profesorado duplica las cifras de la última huelga general contra los recortes en educación del Gobierno central del 22 mayo de 2012.

Desde la Consejería, sus responsables insisten en que el sistema educativo que surgirá de la ley que defiende el Ministerio será una apuesta arriesgada, cuyas consecuencias negativas pueden pagar miles de estudiantes y sus familias y que la reforma propuesta es innecesaria e inoportuna y no cuenta con el apoyo de nadie.