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Canarias 22 de Marzo de 2013
IUC rechaza frontalmente el anteproyecto de la ley anti ayuntamientos y se abstiene del posicionamiento de la FECAM
“Nos encontramos ante un cambio en el modelo de estado que elimina servicios municipales y desmantela la democracia. Ante la gravedad
de la situación no compartimos la leve reacción de la FECAM”.

IUC, en consonancia con IU en todo el estado español, expresa su más profundo rechazo al denominado anteproyecto de “Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local”, que no viene  a ser más que una Ley Anti Ayuntamientos.

Esta nueva reforma del PP, que en realidad es una contrarreforma, "pretende desmantelar los fundamentos de la democracia local que han imperado desde la transición, volviendo a un régimen muy similar al franquista, con escasa autonomía municipal y con un férreo control del gobierno central. Consideramos que el texto es inconstitucional, pues ataca a las competencias de los municipios, siendo especialmente duro con los municipios menores de 20.000 habitantes y, por ende, con los ámbitos rurales".
Además, esta contrarreforma no supone ningún ahorro, no existiendo ningún informe que avale este extremo. Eso sí, a la larga, este ahorro se puede conseguir privatizando servicios en aquellos lugares donde sean rentables y eliminándolos donde no lo sean, generando grandes agravios comparativos. Se habla de eliminar duplicidades y competencias impropias, cuando lo que se pretende es eliminar competencias propias de los municipios en aspectos tan relevantes como educación, salud o servicios sociales.

Por otro lado, en un discurso tremendamente populista se habla de reducir cargos públicos para ahorrar costes, cuando la inmensa mayoría de concejales no cobran de los Ayuntamientos. Sin embargo, nada se dice de limitar los concejales liberados, los asesores y los enchufados, que son los que verdaderamente suponen un sobre coste. Y es que se ha intentado criminalizar a los Ayuntamientos cuando según el propio gobierno la deuda pública de éstos representa el 4% del PIB, mientras que la de las comunidades autónomas es del 17,6%, y la del gobierno central alcanza el 72,3%.

Esta ley anti ayuntamientos tendrá efectos aun más devastadores en un territorio fragmentado como el canario. Aquí, la FECAM, en la que solo están representados los trillizos de PP, CC y PSOE,  ya ha presentado una posición común, la cual será llevada a los Ayuntamientos para buscar acuerdos institucionales. Tal y como esperábamos, la respuesta ha sido de una tibieza tremenda y en IUC no compartimos este posicionamiento por tres motivos principales

El acuerdo habla de “considerar la racionalización de la Administración Local” y comparte los objetivos del artículo 135 de la Constitución. Evidentemente, racionalizar es aquí recortar, lo que dista mucho de nuestra postura. En IUC planteamos rechazar o eliminar, no considerar.

La FECAM pide aclarar lo que significa el “coste estandar”, compartiendo la necesidad de evaluar el coste de los servicios para su implementación o no. Lógicamente, en IUC rechazamos este coste estándar en su propia acepción. Los servicios públicos son necesarios y no pueden estar sujetos a cuestiones de rentabilidad. Deben ofrecerse a la ciudadanía, independientemente de que en un lugar sean más caros y en otro más baratos.

La FECAM no plantea la posibilidad de emprender acciones legales, incluido el recurso de inconstitucionalidad, en el caso de que la contrarreforma prospere.
En este sentido, IUC mantendrá una postura de abstención a este acuerdo de la FECAM, aunque reconociendo que el mismo incide en algunos elementos positivos.

En el las próximas semanas IUC pondrá en marcha varias iniciativas para mostrar su rechazo total y absoluto a este anteproyecto, y ya hemos presentado propuestas alternativas en los Ayuntamientos para defender nuestra propuesta integral de supresión de este Anteproyecto y de elaboración de una verdadera reforma del Régimen Local que estimule el funcionamiento de los Ayuntamientos.