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Canarias 21 de Marzo de 2013
Rojas informa en el Parlamento sobre
los cambios en la Ley de Dependencia
Se elimina la línea del mínimo acordado que ascendía a 200 millones de euros y que para Canarias suponía alrededor de 8 millones de euros.

La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, informó ayer en comisión parlamentaria sobre los cambios sufridos en el ámbito de la Ley de Dependencia debido a la entrada en vigor de los Reales-Decretos Ley de 30 de diciembre, en el que se establecen medidas para corrección del déficit público.

En este sentido, aclaró que esta Real-Decreto, contiene una modificación del calendario de aplicación previsto en la Ley, y el 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, que ''establece, entre otras cosas, una reducción de un 15% de las cuantías máximas de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar".
“Además, -aclaró- se incluye una minoración de las cuantías correspondientes al Nivel Mínimo de protección garantizado, que en 2012 ascendían a 200 millones de euros; la eliminación de la financiación estatal de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, y la demora hasta julio de 2015 de la incorporación al Sistema de Dependencia de nuevos dependientes moderados (Grado I)".

“Por otro lado, se elimina la partida correspondiente al nivel acordado, que es de otros 200 millones de euros y que para Canarias se establecía en torno a los ocho millones de euros", indicó la consejera.

Rojas señaló que "en el marco Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado el pasado 16 de enero en Madrid, el Estado ha vuelto a endurecer para 2013 los requisitos que tienen que cumplir las personas en situación de dependencia para acceder a la prestación económica por cuidado en el entorno familiar de tal forma que prácticamente es imposible acceder a esta prestación".

Los nuevos requisitos, además de la rebaja del 15 % y el no pago de la Seguridad Social, son que a partir de este año, se exige que el cuidador haya estado cuidando de la persona dependiente al menos un año antes de la solicitud, y que conviva permanentemente con él. Además, se exigirá un compromiso para que el domicilio esté permanentemente disponible a la inspección de los Servicios Sociales.

En cuanto al efecto retroactivo de la prestación, el Estado establece que ya no valdrá con obtener una resolución sino que será necesario que ya se le hubiera adjudicado una prestación a la persona dependiente.

"Otro punto importante es que la eliminación de los niveles va aparejado a una rebaja en las horas máximas de ayuda a domicilio. Esto implica que tendremos que volver a modificar nuestro Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones de atención a la dependencia. Un decreto que ha sido fruto de un trabajo técnico pero también político, porque hemos alcanzado un amplio consenso con los Cabildos Insulares y las Organizaciones del Tercer Sector, a las que les fue sometida la norma, en su fase de proyecto", apuntó Rojas

"Nuestro decreto establecía para el Grado III entre 55 y 90 horas al mes y la Resolución del Estado entre 46 y 70; para Grado II, nosotros lo establecíamos entre 30 y 55 y ahora se rebaja entre 21 y 45 horas al mes y, por último, los de Grado I - que no entrará en vigor hasta 2015- , nosotros determinamos entre 12 y 30 horas y el Estado lo reduce a un máximo de 20 horas al mes", concluyó la consejera.