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Canarias 7 de Marzo de 2013
La Audiencia de Cuentas de Canarias presenta en el Parlamento el informe
de fiscalización de la Cuenta General
de la Comunidad Autónoma de 2011
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Díaz, presentó ayer, ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias, el informe elaborado por el órgano auditor sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondiente al ejercicio de 2011, aprobado definitivamente y por unanimidad de los miembros del pleno el pasado 20 de diciembre de 2012.
Como resultado de la fiscalización, Díaz expuso que la Audiencia de Cuentas
de Canarias considera que la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de
Canarias del ejercicio 2011 en relación a la legalidad se ha ajustado a la
normativa de aplicación, con ciertas excepciones. Asimismo, aprecia que la cuenta se ha presentado de acuerdo con los principios contables que le son de aplicación, y muestra la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico-patrimonial.
En el desglose de la fiscalización del ejercicio presupuestario de 2011, Rafael Díaz indicó que se ha verificado que el gasto del sector público con presupuesto limitativo ascendió a 6.643,1 millones de euros repartidos en 26 políticas, de las que el 85% estuvo concentrado en la Administración Pública dirigida por el Gobierno de Canarias (47,2%) y el organismo autónomo Servicio Canario de Salud (38,5%).
En cuanto a las modificaciones del presupuesto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma -gastos e ingresos- ascendieron a 125,4 millones y 45 millones de gastos y de ingresos, respectivamente.
El déficit presupuestario derivado de la tramitación de modificaciones presupuestarias sin cobertura contribuyó a la obtención de un saldo presupuestario negativo de 50,5 millones de euros, con la consiguiente repercusión negativa para el principio de estabilidad presupuestaria.
Asimismo, el flujo neto de tesorería negativa fue de 198,7 millones de euros, el cual se obtuvo de los pagos y cobros realizados en 2011. Este dato es indicativo de la falta de liquidez de la Administración Pública autonómica, que se financió con parte de la Tesorería, reduciendo su saldo a 541,5 millones de euros.
Por otro lado, Díaz destacó que la Administración Pública comprometió gastos que supusieron el 94,5% de lo presupuestado para el ejercicio 2011, pagándose el 92,3% de las obligaciones reconocidas.
Sobre las operaciones financieras a 31 de diciembre de 2011, manifestó que el saldo de la deuda de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias -derivada de emisiones de deuda pública, préstamos y pólizas de crédito- ascendió a 3.694,4 millones de euros, no superando el previsto en el Programa Anual de Endeudamiento (que era de 4.040,1 millones de euros).
Díaz precisó también que el sector público de la Comunidad Autónoma incurrió en un déficit total de 734 millones de euros, lo que representó en porcentaje del Producto Interior Bruto Regional un 1,78%, superior al objetivo de estabilidad presupuestaria del 1,3 fijado para 2011.
Durante su intervención ante la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda del Parlamento de Canarias, Rafael Díaz expuso también otros cinco informes de fiscalización.
Fiscalización del Sector Público Local
Díaz también dio cuenta de la fiscalización realizada al Sector Público Local (cabildos insulares, ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, organismos autónomos, sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales dependientes) correspondiente al año 2010.
De las 133 entidades locales, 120 remitieron sus cuentas a la Audiencia de Cuentas. En el informe, se concluye que se ha producido una importante mejora en el presente ejercicio con respecto a la obligación de rendir cuentas de su gestión a este órgano de control. No obstante, bastante de las entidades locales continúan aprobando el presupuesto de sus ejercicios fuera de plazo y algunas de ellas presentan la cuenta general de sus entidades dependientes de forma incompleta.
Del mismo modo, destacó la ineficiente planificación presupuestaria realizada tanto por los cabildos como por los ayuntamientos. En este sentido, el resultado presupuestario de los cabildos pasó de una situación de superávit entre los ejercicios 2006-2008, a una situación de déficit en los ejercicios 2009 y 2010, años en los que se registró un importante descenso en los derechos reconocidos netos en relación con las obligaciones de las corporaciones insulares.
Con el objetivo de que los servicios públicos que prestan las entidades locales se realicen de manera más eficaz y eficiente, Díaz señaló que sería conveniente realizar un análisis profundo del sector público local, teniendo en cuenta las actuales necesidades demográficas, económicas y sociales, y tratando de evitar duplicidad de actuaciones y solapamiento de competencias.
Igualmente, el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias indicó que se consideraría oportuno suprimir las entidades locales dependientes que no prestan ningún servicio o que carecen de actividad.
Finalmente, Díaz destacó la necesidad de que los Cabildos insulares apoyen a los ayuntamientos con asesoramiento económico, jurídico y procedimental administrativo, dadas las limitaciones del aparato administrativo en diversas entidades del sector local.
