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Canarias 21 de Junio de 2013
“El Gobierno regional veta el acceso a una pensión no contributiva a 35.000 canarios”
La diputada del PP Milagros Bethencourt recuerda que el exceso
de burocracia impide tramitar prestaciones que paga el Estado.
La diputada autonómica del Partido Popular, Milagros Bethencourt, aseguró ayer que los 35.185 canarios que están esperando por el reconocimiento de su grado de discapacidad por parte del Gobierno regional, están viendo frenada la posibilidad de acceder a una pensión no contributiva de invalidez, financiadas íntegramente por el Estado, así como a otros recursos y servicios a los que podrían tener derecho.
Bethencourt recordó que este exceso de burocracia, y la lenta y pésima gestión del Gobierno regional, están bloqueando a miles de canarios el disfrute de prestaciones, cuyas cuantías íntegras corren a cargo de los presupuestos del Estado y no suponen gasto alguno a las arcas de la comunidad autónoma.
Además de la lista de espera de 35.185 canarios pendientes del reconocimiento, y por tanto, de saber si pueden presentar solicitud para acogerse a las pensiones no contributivas por invalidez, el PP denuncia que hay unos 4.000 expedientes sin resolver, pese a que la ley prevé un plazo máximo de tres meses, lo que en opinión de Milagros Bethencourt revela un nuevo problema de gestión de recursos.
Estas prestaciones benefician a 42.000 familias canarias, de las cuales 28.000 corresponden a pensiones por Invalidez y el resto por Jubilación. “Son prestaciones económicas para personas que no han cotizado o lo hicieron de forma insuficiente, y sirven de muros de contención para mitigar la pobreza”, declaró la diputada del PP.
Dependientes sin servicios
En este sentido, el Grupo Popular también llamó la atención la nefasta aplicación de la Ley de Dependencia que realiza el Gobierno de CC y PSOE, que está desamparando a 35.952 canarios. “Todos ellos cuentan con dictamen favorable para recibir una prestación o servicio, y están pendientes del Programa Individual de Atención (PIA), que el Gobierno de Canarias no ha tramitado”, aseguró Milagros Bethencourt.
La financiación del Estado viene determinada por el número de beneficiarios, grado reconocido y servicios prestados, por lo que, en opinión de la diputada del PP, “Canarias seguirá a la cola en la aplicación de la Ley de Dependencia y seguiremos recibiendo menos dinero que las demás comunidades autónomas hasta que el Gobierno regional se decida a aligerar estos trámites burocráticos”.
“Es rotundamente falso que en Canarias el problema sea el copago, sino la incorrecta puesta en funcionamiento de la Ley de Dependencia que ha realizado el Gobierno regional, lo que ha llevado a que en Canarias a junio de 2013 solo haya 11.661 beneficiarios, de 57.000 solicitudes presentadas, y de eso jamás tendrá la culpa el Estado por mucho que se empeñen Paulino Rivero e Inés Rojas”, concluyó.
