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Canarias 6 de Junio de 2013
Los empresarios exigen transparencia
en las negociaciones del REF del Gobierno
de Canarias con el Estado
Tanto la Cámara de Comercio como la CEOE- Tenerife que no entienden como las administraciones públicas pueden abordar un documento que es clave para el desarrollo económico y el empleo en Canarias de “espaldas al tejido empresarial y a la sociedad”.

Ocho meses es el tiempo que el Gobierno de Canarias lleva negociando la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) con el Estado y, hasta el día de hoy, los empresarios de Canarias no han recibido el documento de bases para la reforma del REF ni información alguna sobre el resultado de las nueve reuniones celebradas entre ambas administraciones tanto en Madrid como en Bruselas.
Esa es la denuncia que ayer formulaba el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé y el secretario general de la patronal de los empresarios CEOE-Tenerife, Pedro Afonso Martín, que no entendían como las administraciones públicas podían abordar un documento que es clave para el desarrollo económico y el empleo en Canarias de “espaldas al tejido empresarial y a la sociedad”.

En este sentido, ambas organizaciones demandaban en “aras de la transparencia y el diálogo” la apertura de canales de comunicación para que el empresariado de las Islas pueda opinar “en algo fundamental para el crecimiento y el empleo en Canarias”.

Tanto Santiago Sesé como Pedro Afonso participaban esta mañana en el foro que, bajo el título “REF 2014-2020.Propuestas para un nuevo marco socioeconómico que garantice la competitividad y la generación de empleo en Canarias”, acogía la Cámara de Comercio. El objetivo de este debate era exponer y analizar las diferentes propuestas de reforma existentes y el posicionamiento de los principales partidos políticos del Archipiélago en torno a un instrumento clave para el desarrollo económico de las Islas como es el REF.

En este sentido, el foro contó con la participación del vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife y miembro de la Ejecutiva Insular de CC, Carlos Alonso Rodríguez, el diputado Autonómico del PP, Jorge Rodríguez Pérez, y el representante del PSOE, José Antonio Valbuena Alonso. También expusieron sus planteamientos el catedrático de Economía Aplicada, Universidad de La Laguna Jose Luis Rivero Ceballos y el experto en la Reserva de Inversiones y coordinador del Documento sobre la reforma del REF de la Cámara de Comercio, Salvador Miranda Calderín.

Un gran reto
Durante su intervención, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, manifestó que “la sociedad, los agentes económicos y los representantes políticos tenemos la obligación y la responsabilidad de conseguir que se apruebe el mejor texto posible”. Un texto que – a su juicio- debe ser “dinámico y flexible, con capacidad de adaptación a una realidad cambiante pero que, a la vez, tenga una estructura con carácter de permanencia que aporte seguridad jurídica y que le de garantías a los inversores y empresarios en su uso y aplicación”.

Según expuso el secretario general de la CEOE- Tenerife “nuestro mayor reto de cara a esta legislatura y para el próximo periodo de financiación 2014-2020 es la reformulación del REF para adaptarlo a la actividad económica e impulsarlo como herramienta potente anticíclica y cíclica”.

Tanto Santiado Sesé como Pedro Afonso coincidieron en resaltar que “Canarias está en un momento decisivo y por eso los canarios tenemos que defender nuestra especificidad fiscal con la que contribuir en el avance hacia una economía cada vez más competitiva y diversificada, con capacidad de generar empleo”.

Partidos Políticos
Por su parte, el diputado Autonómico del PP, Jorge Rodríguez Pérez informó que las conversaciones entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Canarias se iniciaron en octubre del pasado año, cuatro meses después de que el Parlamento aprobara por unanimidad las líneas maestras que debían regir la futura configuración del REF. En este período han existido nueve reuniones tanto en Madrid como en Bruselas y estas negociaciones “ gozan de buena salud y se encuentran en estado de buena esperanza”, según Rodríguez Pérez.

El diputado autonómico del PP concretó también que la última reunión entre ejecutivo regional y central se produjo a mitad de mayo, y confesó que existen algunos aspectos donde todavía hay divergencias de opiniones como son la RIC y la ZEC. No obstante, reiteró el compromiso de su partido “en Canarias, España y Europa con la reforma del REF”, que lo que necesita, a su juicio, es “seguridad jurídica, perdurabilidad y estabilidad frente a la incertidumbre para atraer más empresarios y para generar más economía, más riqueza y más empleo.

El vicepresidente del Cabildo de Tenerife y miembro de la ejecutiva de Coalición Canaria, Carlos Alonso apostó por reducir las bonificaciones a la Seguridad Social y por fomentar el modelo alemán de formación dual. Asimismo, manifestó que habría que aprovechar la tramitación de la Ley Orgánica del REF para recuperar una mayor autonomía en la gestión de determinadas competencias como costas, puertos y aeropuertos.

Para el representante de CC, el REf tiene que “pasar de ser un mero elemento de especificidad a un fuero en donde Canarias. por su naturaleza económica, dispone de una mayor libertad en la gestión de sus asuntos como la fijación de tasas aeroportuarias, la posibilidad de usar la costa como recurso económicos o de alcanzar acuerdos de conexión aérea o de comercio internacional con los países de nuestro entorno”.

Por su parte, el representante del PSOE, José Antonio Valbuena Alonso señaló que si bien el REF había supuesto un elemento dinamizador de la economía, no quedaba tan claro su impacto sobre el bienestar de la sociedad y que era esto precisamente lo que generaba “el déficit de legitimidad social que tiene el REF”. A su juicio “para defender el REF tenemos que contar con la complicidad de la sociedad, porque este instrumento de política económica tiene que dar respuesta a los grandes problemas de la sociedad canaria”.

Propuestas empresariales
Entre las demandas que formuló la Cámara de Comercio y CEOE-Tenerife y de las que se hizo eco hoy Salvador Miranda Calderín, se encuentra la propuesta de bajar la tributación del IRPF a las rentas del trabajo para que, de esta manera, los beneficios del REF se extiendan no solo a los empresarios, sino también a los trabajadores. En este sentido, Miranda Calderín explicó que la propuesta concreta es que las rentas de trabajo hasta 33.000 €, que suponen el 86% de los contribuyentes, se beneficien de una menor tributación en Canarias.

Según Cámara y CEOE-Tenerife el objetivo principal de esta medida es “incentivar el consumo interno para reactivar la economía y generar empleo, pero también para acabar con el déficit de legitimidad social con el que cuenta el REF”.

Otra de las propuestas que formulan desde la Cámara y la patronal de los empresarios es que debería haberse incorporado al REF es el derecho a una financiación más amplia y unos costes financieros más reducidos en Canarias como Región Ultraperiférica; además de un tratamiento singular para la promoción de las energías alternativas en Canarias, entre otros aspectos.

En el ámbito de los aspectos económicos, otras propuestas formuladas por el sector empresarial de canarias es la necesidad de compensar el hecho insular en los Presupuestos Generales del Estado, tanto en extracostes como en infraestructuras. Asimismo, se demanda un programa de inversión pública que no sea inferior al promedio, en términos per cápita, de las que corresponden en el conjunto de las comunidades autónomas de España.

También se aboga por el mantenimiento del principio de libertad de transporte y la garantía de conexiones aéreas y la excepcionalidad para la consideración del establecimiento de obligación de servicios público.

En cuanto al apartado de los aspectos fiscales figura la exención de las cotizaciones a la seguridad social y reducción en la base imponible del I.R.P.F. e Impuesto de Sociedades, la mejora del Régimen Especial de las empresas productoras de bienes corporales o la corrección del grado de conflictividad e inseguridad jurídica que ha padecido la R.I.C, entre otros aspectos.