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Canarias 7 de Junio de 2013
El PP exige al Gobierno que aclare el escándalo que rodea a la Policía Canaria
Víctor Moreno reprocha al Ejecutivo que busque culpables fuera,
ante la detención de diez agentes del cuerpo el pasado marzo.
El diputado autonómico del Partido Popular, Víctor Moreno, exigió ayer al Gobierno regional que rectifique y “deje de mirar para otro lado, buscando fuera culpables” del escándalo que rodea a la Policía Canaria y que ha desembocado en la conocida como operación “Ladrillo”, que investiga una presunta trama delictiva, en la que consta la detención y posterior puesta en libertad de diez agentes de este cuerpo el pasado mes de marzo.
Para el parlamentario del PP, el Gobierno “tiene la obligación de aportarnos explicaciones convincentes respecto a un asunto gravísimo que podría afectar, según parece, a prácticamente un 15% de los agentes actualmente en servicio”.
Moreno ya ha solicitado la comparecencia del Ejecutivo autonómico en el Parlamento de Canarias para esclarecer las circunstancias que han rodeado a un caso en el que se imputa a los citados policías, entre ellos tres mandos, presuntos delitos contra la integridad moral en el ámbito laboral, falsedad documental, detención ilegal y omisión del deber de perseguir delitos.
La llamada operación “Ladrillo” fue iniciada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, por orden del Juzgado de Instrucción nº 3, a raíz de los testimonios de la víctima de una presunta detención ilegal por resistencia a agentes de la Autoridad, en enero de este año.
“Causa verdadero estupor que el director general de Seguridad y Emergencias quiera hacer ver que detrás de este caso hay simplemente una medida de presión sindical, cuando constan diez detenciones y otros diecisiete miembros del cuerpo han sido llamados en calidad de testigos”, dijo Víctor Moreno, quien pidió al Ejecutivo una rectificación de estas manifestaciones.
En este sentido, señaló que el sindicato Co.Bas ya ha anunciado que se presentarán como acusación popular en este caso, alegando que se ha puesto en duda su honestidad, “con lo que el Gobierno de Rivero podría ver cómo se añade un nuevo problema a su ya larga lista de líos judiciales y laborales”.
