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Canarias 21 de Febrero de 2013
El Gobierno recuperó 398 viviendas sociales para volver a ser adjudicadas a familias con escasos ingresos
Inés Roja indica que “son los recortes del Estado los que nos impiden dar altas en el sistema de dependencia”.
La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda analizó
ayer en comisión parlamentaria el avance del informe del Diputado del Común. Según aclaró Rojas, "en esta iniciativa parlamentaria se pretende valorar el avance del informe de 2012 que el Diputado presentó en rueda de prensa, aunque aún no ha sido trasladado ni a este Parlamento ni por supuesto al Gobierno", en el que se hablaba de un total de 1.586 quejas, de ellas 113 son relativas a la demora en la aprobación del PIA, o sea, el Plan de Individual de Atención, y 140 por quejas sobre vivienda"
"En relación al área de Dependencia, en el avance de su Informe, el Diputado del Común habla, por un lado, del retraso en la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la dependencia y los derechos que ésta concede y, por otro, alude a la existencia de viviendas de promoción pública desocupadas y de ahí las quejas en el marco de vivienda", indicó Rojas, quien dijo que "Canarias cuenta con 11.000 viviendas en alquiler para las familias con menos ingresos, aquellos con ingresos inferiores a 11.000 euros. Por estas viviendas se pagan entre 2 y 200 euros, siendo casi el 90 % inferior a 20 euros al mes".
Rojas aclaró que " el Instituto Canario de la Vivienda solo tiene 63 viviendas vacías por recuperación de las 11.000 que tiene en alquiler y se están arreglando para que puedan ser adjudicadas", afirmó hoy Rojas
"El Instituto Canario de la Vivienda recuperó un total de 398 viviendas de promoción pública que volvieron a ser adjudicadas. El Gobierno de Canarias sólo puede adjudicar las viviendas protegidas que ha construido directamente, no las promovidas públicamente por otras instituciones", aclaró.
"Lo que si tenemos son seis promociones nuevas para viviendas en alquiler. Así que puedo dar la noticia de que el Gobierno todavía puede adjudicar viviendas en alquiler social, concretamente en los municipios de Valverde, La Orotava, Pájara, Los Realejos, La Laguna y Tazacorte. Recordar que el Gobierno tuvo que modificar la Ley de Vivienda por un recurso del decreto por parte de Comisiones Obreras, que recurría concretamente el sorteo por cuotas, una modalidad que existe en toda España y que solo fue recurrido en Canarias. Una vez modificada la Ley, estamos en disposición de poder adjudicar estas casas lo que es una excelente noticia", matizó la responsable de Vivienda.
En este sentido, aclaró que en relación a ese parque de viviendas "solo están vacías 63, debido a diferentes motivos, por ejemplo, que los inquilinos no pagan por motivos que no sean estrictamente económicos, o por abandono de la casa, o por dedicarlas a otros motivos que no sean los de vivienda. Una vez vacías debemos arreglarlas para que se produzca una nueva adjudicación a las familias que nos vayan indicando los ayuntamientos".
Creación de una comisión de Trabajo con la Oficina del Diputado del Común
En cuanto al área de dependencia, Rojas anunció que se ha conformado una comisión de trabajo con la oficina del Diputado del Común, en la que se abordará la casuística en torno a la ley de dependencia.
En este sentido, aclaró que "los dos problemas básicos a los que nos enfrentamos en materia de dependencia son la inseguridad normativa y la inseguridad financiera. Las dos tienen relación y la segunda incide directamente en la primera. La inseguridad financiera que ya existía desde los comienzos de la ley se está agudizando de forma exponencial con la crisis por lo que debemos de hablar de inseguridad y manifiesta insuficiencia financiera que, vuelvo a reiterar, tienen una relación directa con la demora en la resolución del Plan Individualizado de Atención".
En relación a la inseguridad jurídica, Rojas aclaró que "el Gobierno del Estado en sus Consejos Territoriales de julio de 2012 y enero de 2013, modifica los baremos de valoración, modifica la cuantía y el acceso a la prestación económica haciéndola casi inviable, modifica el precio estimado de la plaza residencial y de estancia diurna, se modifica la cartera de servicios, etcétera, lo que implica que las Comunidades autónomas debemos después volver a modificar nuestra normativa"
"Pero además se producen cambios en el ámbito financiero que influyen directamente en los dictámenes y en la resolución del Plan Individualizado de Atención, ya que, -aclaró-, cada vez es más complicado establecer un PIA en el que se otorgue una prestación económica por cuidados en el entorno familiar, ya que el Estado ha puesto unas condiciones extremadamente complicadas para acceder a ello, como son, además de la rebaja del 15 % y el no pago de la Seguridad Social, que, a partir de este año, se exige que el cuidador haya estado cuidando de la persona dependiente al menos un año antes de la solicitud, y que conviva permanentemente con él. Además, se exigirá un compromiso para que el domicilio esté permanentemente disponible a la inspección de los Servicios Sociales".
"Esto hace que no se pueda dar un alta más hasta que no se produzcan vacantes por insuficiencia financiera por parte del Estado, de ahí la diferencia entre las resoluciones de reconocimiento de la dependencia y el de la resolución del PIA", concluyó Rojas.
