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Canarias 21 de Febrero de 2013
El Gobierno de Canarias contempla la dación en pago para las viviendas protegidas
En una comparecencia parlamentaria sobre la empresa pública Visocán, la consejera explicó que la situación actual de la empresa no se puede desvincular de la situación actual del mercado inmobiliario y la economía.
"Canarias ya dispuso en su normativa, concretamente en el decreto de 23
de octubre de 2009 del Plan de Vivienda de Canarias, la dación en pago
para las viviendas protegidas en determinadas ocasiones. Y en esto, Canarias no solo ha sido pionera sino que se ha adelantado a lo que ahora se va a empezar a debatir en el Congreso de los Diputados a iniciativa popular para la vivienda libre", aseguró la responsable canaria de Vivienda en una comisión parlamentaria en la que detalló el plan de viabilidad de la empresa pública Visocán y que pasa por reconducir sus actuaciones al alquiler frente a la compra
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En una comparecencia parlamentaria sobre la empresa pública Visocán, la consejera explicó que la situación actual de la empresa no se puede desvincular de la situación actual del mercado inmobiliario y la economía, "la falta de créditos, la incertidumbre de la sociedad y el acuerdo de Gobierno de 10 de febrero para racionalizar la actividad de las sociedades mercantiles públicas y cumplir así con los objetivos de déficit público establecidos para Canarias lo que ha marcado un antes y un después de 2011".

La consejera explicó en este sentido que desde su constitución y hasta el año 2010, "VISOCAN promovió la construcción de más de 25.000 viviendas y gestionó alrededor de 5.000 viviendas en alquiler por tanto facilitó una vivienda digna a 30.000 familias y la cifra de negocio en el ejercicio 2012 ascendió a 80 millones de euros".

Rojas argumentó que por tanto ahora los objetivos para reconducir la situación económica de la empresa son "potenciar el alquiler con respecto a la venta de viviendas, ya se han adquirido en 2012, un total de 224 viviendas para su arrendamiento, que se están acondicionando para su uso) y movilizar el stok de viviendas".

Rojas recordó el carácter social de la normativa canaria que ya en 2009 contempló la dación en pago para los compradores de vivienda protegida y que, en materia de alquiler, prevé la subvención de hasta el 99% de la mensualidad así como el carácter retroactivo de estas ayudas en determinadas circunstancias con el objetivo de evitar una amenaza de desahucio por impago.

"Canarias es una comunidad pionera en el Estado -aseguró- ya que la empresa pública tiene la directriz de no desahuciar a ningún inquilino por motivos estrictamente económicos y así se dispuso en disposición adicional primera del nuevo decreto del Gobierno de Canarias 77/2012 de 30 de agosto"

Además de reconducir las actuaciones de la empresa hacia el alquiler, Visocán también está gestionando la movilización del stock de viviendas en venta; sobre ello Rojas argumentó que "se está produciendo muy lentamente y los impedimentos se centran principalmente en la escasez de la demanda y también por las exigentes condiciones de las entidades financieras para financiar a los adquirentes y la supresión de ayudas por parte del Estado para acceder a la compra".

"A esto hay que sumar la modificación introducida en el Real Decreto-Ley de diciembre de 2012 por el que el Estado suprimió las ayudas de subsidiación de préstamos hipotecarios a la vivienda protegida y el hecho de que en este último año, el Estado fijara el interés hipotecario para la vivienda protegida comprada en un 3,38 % muy por encima del precio del dinero en la actualidad". "Por todos estos motivos -manifestó- hemos puesto en alquiler ese stock que ha tenido una excelente acogida ya que de las 95 viviendas estimadas en alquiler para 2012 en el plan de viabilidad se han alquilado 131".

Rojas aclaró también que en cuanto a los préstamos, se está negociando en la actualidad con las entidades la reconversión de los productos, también se ha intentado la refinanciación del servicio de la deuda con el ICO, también se ha reducido los costes fijos de la sociedad, tanto en gastos corrientes como en gastos de personal.

"En agosto de 2012, se aprobó un ERE de mutuo acuerdo que afectaba a 28 trabajadores y ajustaba el salario de trabajadores y además, durante el ejercicio 2012, se eliminó la paga extra de los empleados siendo el porcentaje de reducción del 7.14%".