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Tenerife 21 de Febrero de 2013
El Cabildo pide al Consorcio de Bomberos
que no participe en las tareas de desahucios
El vicepresidente cuarto, José Antonio Valbuena, aclara que este cuerpo limita sus actuaciones exclusivamente al campo de las emergencias.
Ante la situación vivida recientemente en La Coruña donde los bomberos se
negaron a proceder a la apertura de la vivienda de una anciana que iba a ser
desahuciada, el Cabildo pedirá al Consorcio de Bomberos de Tenerife que no
participe en las tareas de desahucios y, en este sentido, quiere mostrar su “total y absoluta” solidaridad con este cuerpo de emergencias gallego.
El vicepresidente cuarto del Cabildo y consejero insular de Cooperación Municipal, Vivienda y Seguridad, José Antonio Valbuena, recuerda que la Corporación insular ya pidió en su momento que la norma que regula estos dramáticos procesos fuera más flexible, más social y ajustada a la situación de los ciudadanos.
En este sentido y ante la posibilidad de que por la negativa de los cerrajeros de intervenir en casos de desahucios se pueda empezar a recurrir a los Cuerpos de Bomberos, Valbuena explica que, desde el Cabildo, se va a instar al Consorcio de Bomberos de la Isla “a que se dicten cuantas instrucciones sean necesarias al objeto de impedir que cualquier personal dependiente del Consorcio pueda participar en las tareas de desahucios”.
José Antonio Valbuena señala que este cuerpo limita sus actuaciones exclusivamente al campo de las emergencias. “Evidentemente un desahucio no es una emergencia –aclaró- y menos cuando está amparada en una normativa tremendamente injusta y que, en lugar de proteger el derecho constitucional a la vivienda y por ende el interés del particular, lo que hace es responder a otros intereses”.
El consejero insular añadió que desde el Cabildo se instará también a que el Consorcio se dirija al órgano de Gobierno Judicial para poner en conocimiento del mismo tal decisión, así como a la Asociación de Consorcios y Servicios de Bomberos de España (Conbe), para que barajen la posibilidad de adoptar un acuerdo en el mismo sentido en el ámbito estatal.
