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Canarias 28 de Enero de 2013
Jerez: “El PP venderá los servicios sociales al mejor postor, hundiendo a miles de familias en la pobreza”
El Estado ha suprimido, además, los dos millones de euros de los programas para menores infractores y para menores en situación de dificultad social y maltrato; el plan de acción para personas con discapacidad, con 1,3 millones; y los fondos para teleasistencia, de 30 millones de euros.
La retirada total de los fondos estatales destinados a financiar los servicios sociales municipales amenaza con arrastrar a la exclusión social severa a miles de familias canarias que, en un momento de especial virulencia de la crisis económica, dependen de los ayuntamientos para garantizar unos niveles mínimos de calidad de vida. Así lo ha puesto de manifiesto el Grupo Parlamentario Socialista Canario, que a través de su portavoz de Asuntos Sociales, Rosa Guadalupe Jerez, ha alertado de que la ausencia de fondos “amenaza con destruir el sistema público asistencial de nivel primario, precisamente el que garantiza buena parte de los derechos sociales recogidos en la Constitución Española”. Jerez, que muestra su rechazo a un recorte “tan drástico” en materia social cuando precisamente “ahora hay que arrimar el hombro para ayudar a los demás”, revela que los socialistas llevarán al próximo Pleno de la Cámara regional una proposición no de ley para instar al Gobierno de Canarias a que solicite al Estado el mantenimiento de los servicios sociales públicos y la reposición de los fondos del Plan Concertado y del programa de Teleasistencia, vitales para su supervivencia.
Según explica la diputada regional, “no tiene sentido retirar todo el apoyo económico en materia social a los ayuntamientos en un momento en que la demanda ha aumentado de una manera brutal, los índices de pobreza no dejan de subir y los problemas sociales como los desahucios se han convertido en algo habitual”. Jerez, que recuerda que las peticiones de ayuda por emergencia social “se han incrementado un 200 por ciento en los últimos años”, asegura no comprender cómo el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, “decide dejar a su suerte a las administraciones locales y autonómicas, quitándoles el apoyo en la lucha contra la exclusión social, a la vez que les prohíbe endeudarse cumplir el objetivo de déficit”.
Los recortes del Gobierno central han tocado, además, varios de los programas que garantizaban el modelo asistencial municipal: los fondos para programas que gestiona el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para menores infractores y para menores en situación de dificultad social y maltrato (2 millones de euros); el Plan de Acción para personas con Discapacidad (1,3 millones); y los fondos para la Teleasistencia (30 millones de euros) han sido suprimidos directamente de los Presupuestos Generales del Estado. Otros programas, como el Plan Concertado, han sufrido recortes brutales: 30 millones de euros para 2013, lo que supone una merma del 40 por ciento respecto a 2012 (entonces se destinaron alrededor de 50 millones) y del 65 por ciento respecto del último presupuesto del Gobierno socialista, en 2011.
“Todo en la vida no es sanear las cuentas, hay unos sectores de la población que lo están pasando muy mal, que logran sobrevivir a duras penas y que necesitan el respaldo de las administraciones más cercanas. Eso está primero que cualquier política de austeridad”, sentencia Rosa Jerez. Por este motivo, la diputada sospecha que el objetivo es otro bien distinto: “El Partido Popular quiere desmantelar los servicios sociales públicos para privatizarlos y venderlos al mejor postor, aunque de esa manera logren hundir a miles de familias en la pobreza”, añade.
El Plan Concertado –apunta la portavoz de Asuntos Sociales- se ha convertido en un instrumento estatal fundamental para poder cubrir las prestaciones básicas de servicios sociales, al tiempo que ha hecho posible la implantación y mantenimiento de una red de servicios sociales de atención primaria gestionada por los ayuntamientos. “Hasta ahora, el Estado apoyaba técnica y económicamente a los municipios en el desarrollo de las competencias sociales recogidas en la Ley de las Bases de Régimen Local, pero con los recortes previstos por el Partido Popular y la reforma de la administración local prevista por el Gobierno, los municipios van a quedar desamparados”, concluye.
