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Canarias 7 de Enero de 2013
IUC exige la dimisión de la viceconsejera de medio ambiente “por incompetente”
El Área de Medioambiente de Izquierda Unida Canaria califica como
una grave amenaza contra los Parques Naturales la sentencia del TSJ
y exige la dimisión por incompetencia de la viceconsejera por las declaraciones de esta en relación a la sentencia.
El TSJC ha cuestionado la existencia de la red de parques naturales
canarios (once en total) con una sentencia que exonera a una empresa del pago de una multa de 53000 euros impuesta por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por infracción urbanística muy grave en el Parque  Natural de Tamadaba, en Gran Canaria.

El TSJC, en su argumentación, destaca la nulidad de la Ley de espacios Naturales de Canarias de 1994 al no conformarse a la Ley de Espacios Naturales, en vigor desde 1989 para todo el estado. En el caso concreto del Parque Natural de Tamadaba, señala por lo demás que el Plan Insular de Gran Canaria no suple la inexistencia jurídica de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) por dos motivos: porque no expone pormenorizadamente sus valores naturales y porque en su tramitación no existió “un trámite especial de audiencia  a los interesados y afectados por la declaración de los espacios naturales”.  A partir de este caso en particular, el alto tribunal concluye con una observación muy grave: no sólo afirma que la declaración de los parques naturales es inválida y carece de eficacia, lo que podría afectar a todos los espacios protegidos además de los parques naturales, sino que advierte también de que las normas inspiradas  en la ley canaria “incurren en causa de nulidad”.

En pocas palabras, los parques naturales y otros lugares preservados de las Islas se encuentran ahora mismo, desde que se dictó la antedicha sentencia, en un verdadero limbo legal: no existen sobre el papel y, por lo tanto, están desprotegidos mientras no se subsane este aparente galimatías jurídico. IUC estima que, dada la gravedad del asunto, alguien tendría que asumir responsabilidades, al más alto nivel; y recuerda una vez más a la ciudadanía, pero sobre todo al Gobierno de Canarias, que el paisaje isleño es un muy poderoso reclamo para el sector turístico y un bien común que debe preservarse a todo precio.

El gobierno autónomo ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso de casación con el propósito de que ese tribunal falle y, de ese modo, se aclare la situación jurídica. Pero con eso no basta. La Sra. Guacimara Medina, Viceconsejera de Medio Ambiente,  que se ha limitado a manifestar dudas y extrañezas, debe dimitir o ser destituida de inmediato por el consejero, por incompetente. Aunque es cierto que ésta es una situación que ella hereda, no es menos cierto, en cambio, que la difícil e importante responsabilidad que contrajo al aceptar el cargo la obligaba a ponerse al día en los asuntos de su competencia. Porque aquí no han fallado los juristas de la Viceconsejería: ha fallado escandalosamente el político que debe indicar el rumbo a los técnicos, si es que él mismo conoce lo que tiene entre manos.