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Canarias 20 de Diciembre de 2013
2.597 empleados públicos se adhieren
al acuerdo para dejar sin efecto la reducción de jornada
Cobrarán este mes la cantidad reducida en el primer cuatrimestre de 2013 a cambio de trabajar las horas proporcionales.

2.597 trabajadores de la comunidad autónoma han firmado el acuerdo para dejar sin efecto la reducción de jornada y sueldo aplicada en el primer cuatrimestre de 2013. La adhesión a este acuerdo supone que estos empleados públicos no fijos de la Administración autonómica cobrarán como nómina complementaria en este mes de diciembre la parte de retribuciones reducida en el primer cuatrimestre de 2013 a cambio de trabajar las horas proporcionales.
El plazo para formalizar las adhesiones concluyó este martes a las 15:00 horas,
con el balance provisional de 2.597 adhesiones, a la espera de contabilizar algunas entregadas en plazo y que aún están siendo objeto de comprobación en los centros directivos. En términos relativos, significa que 77 de cada 100 afectados ha suscrito el acuerdo, comprometiéndose a la compensación de las horas reducidas y a la renuncia a la reclamación judicial o administrativa en este caso.

La reducción de jornada y retribuciones que estuvo vigente entre el 1 de enero y el 30 de abril afectó a 3.374 empleados públicos no fijos de la comunidad autónoma. El Gobierno de Canarias les ofreció este acuerdo que les daba la oportunidad de recuperar las retribuciones que dejaron de percibir en el primer cuatrimestre del año para lo que debían adherirse a este acuerdo de forma voluntaria e individual. La oferta para dejar sin efecto la medida que se aplicó a principios de este año como fórmula para evitar despidos fue diseñada y ofertada por el Ejecutivo canario una vez que se comprobó que los créditos presupuestarios generaron una cuantía suficiente para cubrir el coste de estas nóminas. La cantidad de crédito se ha producido gracias a la eficiente gestión el gasto de personal y las medidas complementarias para su contención.

El Gobierno de Canarias considera que el número de adhesiones ha sido muy elevado y agradece el talante demostrado por la mayoría de los empleados públicos que han decidido de forma voluntaria e individual aceptar esta oferta que les permite recuperar sus retribuciones a cambio de compensar a la ciudadanía con las horas de servicio público proporcionales. "Valoramos el buen resultado de la medida coyuntural con la que logramos el objetivo: evitar despidos de personal temporal en la Administración autonómica en tiempos de ajustes presupuestarios", explicó el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola. Además, "con este acuerdo y gracias a la buena gestión del gasto de personal durante todo el ejercicio 2013, ahora hemos conseguido también compensar a los afectaos por la medida la pérdida de retribuciones que sufrieron a principios de año", añadió.

La reducción de jornada y retribuciones se aplicó en virtud de la disposición adicional 57 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2013. Esta medida fue aprobada con el único fin de evitar que las restricciones presupuestarias previstas para 2013 se tradujeran en despidos a personal laboral no fijo o funcionarios interinos. El Gobierno defendió entonces el empleo público como garante de la calidad de la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, un planteamiento que sigue inspirando la actuación de los responsables de la gestión de recursos humanos en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Antecedentes
El estado de ejecución presupuestaria del gasto de personal a noviembre de 2013 permitió al Gobierno de Canarias plantear a los 3.374 afectados por la reducción de jornada y retribuciones este acuerdo que, de para aquéllos que lo han aceptado, les permitirá recuperar este mismo mes de diciembre el sueldo reducido.

Estas cantidades no comprometidas han surgido gracias a los resultados obtenidos por la aplicación de medidas complementarias para la contención del Capítulo I: la reducción del número y coste de altos cargos y personal eventual, la redistribución de recursos humanos, los ajustes en las prestaciones económicas para la cobertura de incapacidad temporal, y la congelación de la tasa de reposición de plazas vacantes por jubilaciones, excedencias y fallecimientos.