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Canarias 12 de Diciembre de 2013
La Prestación Canaria de Inserción,
la tercera más alta de todo el Estado
Se reduce en un tercio los tiempos de resolución de los expedientes de ayuda y se amplía el colectivo de población que puede acceder a esta prestación.

"Canarias es la tercera Comunidad Autónoma del Estado con la cuantía más alta para la ayuda económica de la Prestación Canaria de Inserción, tan sólo detrás del País Vasco y Navarra", afirmó la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en sesión parlamentaria donde informó sobre la modificación de la Ley 1/2007 de la Prestación Canaria de Inserción.

En este sentido, Rojas aclaró que "el Gobierno modificará las actuales cuantías que se otorgan en la actualidad a los perceptores de la PCI, con el fin dar una mayor protección a las familias con hijos e hijas a cargo.
De esta forma, se rebaja la cuantía mínima de un 75 % del IPREM a un 72, 5 % y se aumenta en 50 euros por cada hijo o hija a cargo". "Así atenderemos a más personas, a las más vulnerables y el reparto es más justo", señaló Rojas, quien recordó que "la cuantía de la ayuda económica Prestación Canaria de Inserción es la tercera de todas las Comunidades autónomas, solo la supera las dos comunidades más ricas del Estado Español: el País Vasco y Navarra, que son además las dos comunidades con regímenes fiscales diferenciados".

Rojas centró su intervención en los tres aspectos fundamentales que se incorporan en el proyecto de modificación de la actual Ley que regula la Prestación Canaria de Inserción, y que tienen como fin, por un lado, ampliar el colectivo destinatario de la misma a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos y estén en riesgo de exclusión social; así como garantizar el acceso rápido y efectivo a la ayuda que supone la PCI a las personas que lo solicitan, estableciendo por ley un plazo de cuatro meses para resolver las solicitudes desde su recepción por parte del departamento del Gobierno, y, como tercer aspecto importante, simplificar procedimientos y acortar tiempos de respuesta, mejorando la aplicación informática empleada para su tramitación y gestión.

En este punto, la consejera aclaró que el Gobierno "amplia el ámbito de cobertura de la Ley al modificar las condiciones de acceso en relación al tiempo de residencia, que pasa de tres años a un año, así como el periodo que se computa como ausencia de renta, que se reduce de un año a tres meses".

"Por otro lado, se aumenta el nivel de protección de las familias con miembros beneficiarios de prestaciones económicas del sistema de dependencia, al exonerar a las familias del cómputo de rentas y, en consecuencia, del cálculo del importe de la prestación económica", anunció.

Se reduce en un tercio los tiempos de resolución de los expedientes de ayuda

Asimismo, aclaró que se busca agilizar la gestión administrativa, para lo cual, se disminuyen los plazos para las resoluciones administrativas. "En el caso de la Administración municipal se pasará de tres a dos meses y por lo que respecta a la canaria será de cuatro meses en vez de los seis actuales, por lo que la aprobación o denegación de una solicitud se realizará en un tiempo máximo de seis meses, rebajándose un tercio el periodo actual", manifestó.
La modificación de la Ley propone un nuevo cálculo para las cuantías de la ayuda económica básica "con el fin de ofrecer una mayor protección a aquellas familias con hijos menores a su cargo, al tiempo que se modifica el periodo de cobro de la prestación económica, estableciéndose un máximo de 12 meses, permitiendo que se pueda solicitar una nueva prestación pasado otros 12 meses".

"Por último, - matizó Rojas- la ley también introduce, en un ejercicio de seguridad jurídica y transparencia, los criterios de reparto de la financiación para la gestión del la Prestación por parte de los Ayuntamientos y así se incluye el artículo 42 los criterios de reparto en base a tres criterios, como son la población empadronada en el municipio; la Media mensual de demandantes de empleo inscritos sin prestación económica y residentes en el municipio de los tres años anteriores, y, por último, el índice medio mensual de perceptores de la Prestación Canaria de Inserción reconocida en los últimos tres años en el municipio".