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Canarias 17 de Diciembre de 2013
Canarias reclama al Ministerio
que la recaudación de las tasas
judiciales revierta en la Justicia gratuita
Hernández Spínola reitera la necesidad de que las Comunidades Autónomas asuman más competencias sobre el personal no judicial.

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, reclamó ayer al Ministerio de Justicia que dé respuesta a las demandas que se le han hecho llegar sobre la vinculación de la recaudación de las tasas judiciales a la financiación de la Asistencia Jurídica Gratuita. En tal sentido, el consejero propuso en la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada hoy en Madrid, que la distribución y reparto de lo recaudado por las tasas se haga de manera anual aplicando un criterio ponderado y proporcional que conjugue lo recaudado en cada territorio con el número potencial de personas con derecho a la Justicia gratuita.
Esta propuesta, aclaró Hernández Spínola, no implica en modo alguno una "doble financiación", pues cuando se llevaron a cabo las transferencias de competencias no existía esta normativa y las tasas o no existían o no estaban generalizadas ni vinculadas a un concreto sistema de financiación. Por ello, añadió, "resulta paradójico que quien quiere hacer valer ahora esa desacertada idea de la doble financiación haya sido quien ha defendido y postulado la referida vinculación de lo recaudado a la mejora del sistema de financiación de la Justicia, en especial, a los gastos derivados de la Asistencia Jurídica Gratuita".

Canarias y otras comunidades con competencias en materia de Justicia coinciden en que la Ley de Tasas Judiciales no admite más interpretación que la vinculación de la tasa a la financiación de la Asistencia Jurídica Gratuita, cuyos gastos derivados de la gestión han de hacerse atendiendo al coste global que conlleva el mantenimiento de este servicio en todo el territorio nacional con lo recaudado en concepto de tasas judiciales.

Otra de las cuestiones analizadas en la Conferencia Sectorial fue la propuesta de la nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, cuyo planteamiento, de aprobarse y llevarse a la práctica, determinará que las sedes judiciales de cada orden jurisdiccional se radiquen en las capitales de provincia y desaparezcan de los municipios que actualmente son cabeza de partido judicial.

Este pretendido criterio de demarcación territorial, expuso el consejero, "si no se pone remedio va a traducirse en la concentración de los servicios en las capitales de provincia y en un consiguiente alejamiento de la justicia de los ciudadanos, un riesgo que obviamente será mayor en el territorio canario". Por ello, el Gobierno de Canarias "seguirá apostando para que las infraestructuras que existen en cada una de las islas se mantengan y sigan prestando un servicio público".

La vigente demarcación territorial del partido judicial, continuó, "es perfectamente compatible con la creación de los Tribunales de Instancia sin perjuicio de las puntuales y necesarias redefiniciones que tengan que hacerse con la finalidad de que todos los ciudadanos cuenten con las mismas prestaciones y servicios".

Además, apostó por el mantenimiento de la Audiencia Provincial como órgano colegiado Civil y Penal y regular la doble instancia para los juicios penales celebrados en tal ámbito.

Hernández Spínola compartió la necesidad de adecuar la organización judicial, pero solicitó al Ministerio que tenga en cuenta la peculiaridad territorial de Canarias a la hora de definir la nueva demarcación judicial y que se abra un periodo de diálogo y consenso con las comunidades, que hasta el día de hoy no ha existido, para la configuración final del proyecto.

Continuidad de los Juzgados de Paz
Asimismo, destacó la importante labor de los Juzgados de Paz, que sin conocer aún cómo se va a llevar a cabo su desjudicialización ni cuándo, realizan una importante labor no sólo en materia de Registro Civil sino también en la tramitación de exhortos y auxilio judicial. Estos órganos, dado su proximidad al ciudadano, podrían potenciarse con funciones conectadas con la conciliación y la mediación para así evitar judicializar los conflictos, planteó el consejero.

Respecto a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Hernández Spínola estimó que con esta reforma se presenta una nueva oportunidad para valorar la conveniencia de regular los Consejos de Justicia autonómicos, dando contenido a estos órganos previstos en muchos Estatutos de Autonomía -como recoge en el caso de Canarias el proyecto de reforma de su Estatuto de Autonomía-, dotándolos de competencias que, de acuerdo con lo declarado por el Tribunal Constitucional, pueden ser propias o por desconcentración de las que ostenta el Consejo General del Poder Judicial.

El responsable de Justicia en Canarias reiteró en la Conferencia Sectorial la necesidad de que las Comunidades Autónomas asuman más competencias sobre el personal no judicial al servicio de la Administración, como son la conectada con la oferta pública de empleo y la de perseguir una mayor vinculación del colectivo profesional de secretarios judiciales con el departamento de Justicia autonómico, sin perder el carácter de cuerpo nacional.

Modificación del Código Penal
Durante el encuentro, al que también asistió el viceconsejero de Justicia de Ejecutivo regional, Pedro Herrera Puentes, se abordó la modificación del Código Penal, reforma que contó con el rechazo del Gobierno de Canarias al entender que rompe consensos básicos. El proyecto, manifestó el consejero, "es expresión de una política criminal basada exclusivamente en un general endurecimiento de las penas sin que éstas se orienten a la reeducación y reinserción social que exige el artículo 25 de la Constitución". "Es preocupante que se legisle atendiendo al populismo punitivo en lugar de atender a razones técnicos jurídicas", recalcó. Sin embargo, mostró su acuerdo con una reforma procesal penal que suponga el traslado de la instrucción de los procesos al Ministerio Fiscal, siempre y cuando se establezcan fórmulas judiciales que actúen como mecanismo de control de la investigación y de garantía de los derechos fundamentales.

Finalmente, en referencia la implantación de la oficina judicial y fiscal, el consejero afirmó que se debe trazar una línea de actuación conjunta y coordinada, al igual que las actuaciones de las distintas administraciones en materia de modernización tecnológica.

"Hay que trabajar en soluciones compartidas e integradoras y avanzar con la finalidad de construir esa Administración de Justicia homogénea y operativa para el ciudadano" y en tal sentido, "debemos aprovechar el espacio que al efecto ofrece el Comité Técnico Estatal de Administración Judicial Electrónica (CTEAJE)", insistió el consejero de Justicia de Canarias.