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Canarias 16 de Diciembre de 2013
El PSOE alerta del ataque del PP a las libertades y a los derechos fundamentales de la ciudadanía
Julio Cruz afirma que con las leyes de Seguridad Ciudadana, Seguridad Privada y Tasas Judiciales “la ultraderecha cierra el círculo de su plan para criminalizar y controlar a la población”.
Con las leyes de Seguridad Ciudadana, Seguridad Privada y Tasas Judiciales impulsadas por el Gobierno del Estado en los últimos meses, el Partido Popular “cierra el círculo de su plan de recorte de derechos a la ciudadanía”. Así lo considera el secretario de Organización del PSOE de Canarias, Julio Cruz, para quien la derecha “está dando los pasos para implantar un estado de excepción por la puerta de atrás”. “Se criminalizan por la vía administrativa las movilizaciones, con sanciones de hasta 600.000 euros; aplican tasas prohibitivas que excluyen a la mayoría de la ciudadanía del sistema judicial; y privatizan de hecho la seguridad dando atribuciones de los cuerpos públicos de seguridad a los vigilantes privados”, explica.
Julio Cruz acusa al PP de lanzar “una campaña de criminalización de la ciudadanía y de recorte de derechos fundamentales” con unas reformas que contienen “la ideología más ultra de la derecha española” y son “de dudoso encaje constitucional”. En este sentido, recordó que hasta el Consejo de Europa ya ha avisado de que la Ley de Seguridad Ciudadana es “altamente problemática” por las restricciones que incluye. “El Gobierno utiliza unas sanciones administrativas desorbitadas para acabar con el derecho fundamental de manifestación y eso lo han visto en Europa”, señala Cruz.
Sobre la Ley de Seguridad Privada que quiere el Partido Popular, el secretario de Organización considera que la seguridad ciudadana “es un servicio público y como tal tiene estar a cargo de los cuerpos públicos de seguridad”, al tiempo que recuerda que “permitirá a vigilantes identificar, cachear y detener a ciudadanos y ciudadanas en zonas y situaciones en las que hasta ahora actuaban la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales”.
En el caso de estas últimas, Cruz teme que el PP, en su afán por restar competencias a los municipios y privatizar muchos de los servicios que ahora ofrecen los ayuntamientos, plantea quitar las competencias a las policías locales en materias como el control del tráfico rodado y la seguridad en espacios públicos, así como en determinadas vías como las calles peatonales. “¿Quién mandará en una calle controlada por la seguridad privada, el alcalde o el dueño de la empresa que paga al agente?”, se pregunta.
A su juicio, esta maniobra “constituye una vuelta a la etapa de Gobierno de José María Aznar”, un tiempo en el que, explica, “el Estado provocó la reducción en más de 40.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejando de cubrir plazas, impulsando el crecimiento de la privada de tal forma que hoy hay más vigilantes que policías nacionales y guardias civiles juntos”. “Se vuelve a repetir la situación: cada año, la policía pierde alrededor de 2.000 agentes por jubilaciones, pero este año solo estaba prevista la incorporación de 140”, relata Cruz, quien ve en esta operación “un cambio hacia una sociedad en la que solo tendrá seguridad el que pueda pagarla”.
En definitiva, Julio Cruz reprocha al PP que “sin consenso, en medio de una crisis económica y haciendo un uso torticero de su mayoría absoluta, hayan impulsado un paquete muy sensible de reformas que no tiene en cuenta las libertades individuales y que afecta a los derechos fundamentales”. “Al más puro estilo de la ultraderecha”, concluye.
