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Tenerife 19 de Abril de 2013
Los trabajadores sociales piden a Inés Rojas que no convierta el derecho a la vivienda en una lotería
Acusan a la consejería de querer desprestigiar a los profesionales para justificar el sistema del sorteo.

Los trabajadores sociales de Canarias salen al paso de las manifestaciones realizadas desde la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno canario, en las que se defiende el sistema de sorteo para el reparto de las viviendas sociales con el argumento de que los informes de los técnicos "pueden estar sujetos a subjetividad". Los Colegios de Trabajo Social de Canarias consideran que estas afirmaciones suponen "un ataque a los profesionales y un intento de desprestigiar, sin ningún argumento, nuestro trabajo".
Ante las declaraciones vertidas por la Consejería de Cultura, Deportes,
Políticas Sociales y Vivienda, en las que, para justificar la puesta en
marcha un nuevo procedimiento para la adjudicación de viviendas sociales a través de sorteos ante notario, se pone en tela de juicio la objetividad de los informes sociales en los procesos de concesión de viviendas sociales al manifestar que estos informes “podían estar sujetos a subjetividad”, desde dos Colegios quieren dejar constancia pública de que consideran "totalmente inadmisible" esta afirmación por estar completamente alejada de la realidad, atacar y desprestigiar la labor desempeñada por los profesionales del trabajo social en general y en especial la de aquellos con una amplia experiencia en materia de vivienda. Todo ello con el objetivo de justificar y poner en valor ante la opinión pública de un nuevo procedimiento de adjudicación de vivienda que ya en su momento fue cuestionado y denunciado en instancias judiciales.

La ciudadanía debe saber que hasta este momento el sistema de baremación se regía por el decreto 194/94, que contemplaba, entre otra documentación, un Informe Social. La elaboración de un Informe Social, necesita de una investigación previa en la que el trabajador social utiliza diferentes técnicas entre las que se encuentra la entrevista, la visita domiciliaria, la observación, la historia social, la ficha social y fuentes de información complementarias, lo que da el rigor y la credibilidad al análisis requerido para elaborar el diagnóstico y el dictamen pertinentes.

El Gobierno Canario decidió cambiar el sistema y puso un sistema de sorteo ante notario que fue recurrido. Los tribunales se pronunciaron en contra de ese sistema impuesto porque no tenía base legal. Ahora han tenido que tomar medidas  para legalizar los  sorteos de viviendas sociales y reducir el papel que deben desarrollar los trabajadores sociales. El  Decreto 194/94, establecía una selección por puntos según tres apartados: necesidad de vivienda, circunstancias personales y circunstancias económicas, que debía acreditar documentalmente el interesado y verificadas, a través del informe social, las situaciones declaradas, las unidades familiares o los domicilios de los titulares.

Además del Informe Social, el Decreto anterior establecía la necesidad de un Informe que valoraba las condiciones de habitabilidad de los domicilios de los titulares de infraviviendas y malas condiciones. Informe que directamente repercutía directamente en la puntuación que se daba al expediente, pero cuya objetividad no ha sido puesta en tela de juicio, como sí  lo han sido los informes sociales.

Los colegios de Trabajo Social de Canarias reclaman a la Consejería de Políticas Sociales y Vivienda que no siga poniendo en entredicho la objetividad ni de los profesionales del Trabajo Social, ni de los informes sociales que se elaboran, con el mero objetivo de justificar y dar mayor credibilidad ante la opinión pública de un nuevo procedimiento en el que el acceso a una vivienda se va a convertir en una cuestión de suerte.