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Canarias 9 de Abril de 2013
Los trabajadores sociales exigen al Gobierno que retire la reforma de la Administración Local
Los Colegios profesionales insisten en que lo estipulado en el anteproyecto deja sin garantía de servicios y prestaciones a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
El Consejo General del Trabajo Social, como portavoz de la Asamblea de los 37 Colegios profesionales, celebrada en Madrid el pasado sábado, exige al Gobierno de España la retirada del anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y expresa su rechazo más rotundo al espíritu que rige el conjunto de su articulado.
Los trabajadores sociales canarios se suman a este exigencia, y denuncian
que la reforma prevista por el Ejecutivo central atenta directamente contra
la permanencia del Sistema Público de Servicios Sociales en la administración más cercana a la ciudadanía como son los municipios, que atendieron a ocho millones de personas durante el año 2012, según la cifras hechas públicas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Los Colegios profesionales insisten en que lo estipulado en el anteproyecto deja sin garantía de servicios y prestaciones a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad (menores, mayores personas en situación de dependencia, personas en desempleo y sin recursos, etc.)
También destaca que esta reforma entra en colisión directa con la estructura, la distribución de competencias y el catálogo de prestaciones que se recogen en las diferentes leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas.
En su opinión, se trata de un retroceso en el fondo y en la forma en la concepción de las políticas sociales y en lo que ha significado y significa para la ciudadanía el Sistema Público de Servicios Sociales que se ha ido construyendo en los últimos 30 años y en el que ha estado implicado de manera especial nuestra profesión.
El Consejo General y con él los colegios profesionales de Canarias reiteran su disposición a colaborar con el conjunto de las Administraciones Públicas para mejorar, tanto lo referente a las políticas sociales como a la legislación vigente, en racionalización y sostenibilidad del sistema, de forma que la ciudadanía tenga garantizados sus derechos fundamentales en protección social.
