Canarias 20 de Abril de 2013
Nueva Canarias pide al Gobierno
estatal la retirada de la reforma
de las administraciones locales
Todos los grupos de la oposición salvo UPyD se unen para reclamar al PP que reconsidere la propuesta ante la reacción social “unánime”.
Nueva Canarias (NC)-Coalición Canaria suscribió en el Congreso de los Diputados, junto con todos los grupos de la oposición salvo UPyD, una declaración en la que reclama al Gobierno estatal del Partido Popular (PP) que retire la reforma de las administraciones locales para consensuar un nuevo texto.
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Esta declaración, suscrita el pasado jueves, afirma que existe una reacción
social “unánime” así como un rechazo de la mayoría de alcaldes y concejales, empleados públicos, asociaciones, sindicatos y organizaciones empresariales.
Las fuerzas políticas manifiestan su posición contraria al anteproyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local al sustentarse en una afirmación “sin fundamento”. Se refiere a que el texto dice que pretende cumplir con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria cuando el endeudamiento de las entidades locales está en torno al 4% del Producto Interior Bruto (PIB) mientras que su déficit público alcanzó, en 2012, el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015.
Los firmantes sostienen que “la reforma no resuelve los problemas reales de las entidades locales, ni profundiza en los derechos democráticos de participación ciudadana”.
Por el contrario, según el documento, “erosiona la autonomía local al no respetar las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, vulnera los principios reconocidos en la Carta Europea de la Autonomía Local, no respeta las competencias de las comunidades autónomas reconocidas en los respectivos estatutos de autonomía y pone en peligro la prestación de los servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura crisis económica”.
Ante esta propuesta gubernamental “no somos solo los grupos políticos los que vemos con preocupación esta reforma, sino que ha habido una reacción social unánime frente a la misma”, recoge la declaración. Es necesario, añade, “atender las razones que una inmensa mayoría de alcaldes y concejales, empleados públicos, asociaciones y federaciones de entidades locales, organizaciones sociales, sindicales o empresariales han pronunciado con toda claridad y contundencia”.
“Todas estas voces queremos recoger hoy (el pasado jueves) aquí, poniendo de manifiesto que no se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias, sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales”.
Por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que regule la vida local debe aspirar, toda la oposición salvo UPyD solicitó al Gobierno del PP que retire su anteproyecto y elabore uno nuevo en base a otros principios y consensuado con las comunidades autónomas, las organizaciones municipalistas y asociaciones ciudadanas, sindicatos y fuerzas políticas.
