Para que pueda ser publicado su comentario, por favor escriba un nombre de autor
Los siguientes comentarios son opiniones de los internautas, no de eldigitalsur.
No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
eldigitalsur se reserva el derecho a eliminar los comentarios que considere fuera de tema.
No está permitido realizar publicidad a través de los comentarios
Los comentarios enviados no se publican siempre al instante, depende de la hora pueden tardar en publicarse.
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a través de esta página web, salvo autorización expresa de eldigitalsur.com. Asimismo, queda prohibida toda  reproducción a los efectos del artículo 32,1 párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual.
eldigitalsur.com no se hace responsables por la opinión emitida por los colaboradores.
Publicidad
Tenerife 20 de Abril de 2013
La Plataforma 8 de Marzo de Organizaciones de Mujeres de Tenerife rechaza la reforma
de la Ley del Aborto anunciada por Gallardón
Sostienen que ninguna mujer puede ser obligada a proseguir con un embarazo contra su voluntad, y defienden el aborto como un derecho reproductivo básico.

La Plataforma 8 de Marzo de Organizaciones de Mujeres de Tenerife ha manifestado públicamente su rechazo a la reforma de la Ley del Aborto anunciada por el Ministro Gallardón, por considerar que atenta contra el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad.
Las organizaciones feministas integradas en la Plataforma recuerdan que el
Consejo de Europa, a través de la Resolución 1607/2008 sobre “Acceso a un
aborto sin riesgo y legal en Europa”, ha reconocido que el aborto es un dereho,
que la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo ha de ser respetada, y que los Gobiernos de los Estados Miembros deben garantizar que la interrupción del embarazo sea una práctica accesible y segura.

Las portavoces han manifestado que “el Ministro Gallardón pretende imponer la doctrina moral de la Iglesia a través de las leyes civiles, atendiendo a las exigencias de los sectores más reaccionarios y en especial de la Conferencia Episcopal”.

Las feministas han querido recordar que “en la época franquista, en la que el aborto estaba ilegalizado, se registraban unos 300.000 abortos al año, y unas 3.000 mujeres muertas por abortar”. Existían además dos tipos de mujeres, aquellas a las que su situación económica les permitía viajar a países como Holanda o Inglaterra, donde la legislación garantizaba un aborto seguro, y el resto de mujeres que sufrían abortos clandestinos, con riesgo de muerte, graves consecuencias para su salud, y frecuentemente con pena de cárcel.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las leyes prohibitivas o restrictivas -como la que se pretende imponer en España por parte del Gobierno-, dan lugar a abortos inseguros, los cuales generan un 13% de las muertes maternas en el mundo, así como complicaciones en 8,5 millones de mujeres. En cambio, los países con leyes respetuosas con los derechos sexuales y reproductivos, que incluyen la legalización del aborto, tienen tasas mucho más bajas de aborto que las estimadas en países donde éste es ilegal.

El aborto está despenalizado mayoritariamente en la Unión Europea, así como en muchos otros países de Europa. Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Noruega, Suiza, Holanda, Suecia, Italia o Portugal, entre otros países, tienen una ley de plazos similar a la de España, y algunos contemplan además un sistema de indicaciones que permite abortar fuera de dichos plazos.

Según las portavoces de la Plataforma, “la Iglesia y el Partido Popular pretenden hacernos retroceder más de treinta años, negando nuestra condición de ciudadanas de pleno derecho y nuestra capacidad para decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestra maternidad”.

En este sentido, han querido recordar al Gobierno que “las cifras de embarazos no deseados y de abortos bajarán considerablemente cuando se destinen más recursos públicos a la información, formación y atención afectivo-sexual en los ámbitos de la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las personas”.