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Canarias 30 de Abril de 2013
El Gobierno de Canarias no ve factible establecer peajes en las vías de las islas
Según Domingo Berriel, en las islas no se dan las tres condiciones necesarias para su establecimiento: que la vía una lugares situados a largas distancias, que sea una alternativa de titularidad pública y que haya un tráfico suficientemente alto como para que la inversión sea rentable.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, informa en la Comisión de Obras Públicas, que el establecimiento de peajes en las vías de las islas, no se maneja como opción razonable por parte del Gobierno de Canarias.

Según Berriel, para que esta opción fuera factible, deben darse tres condiciones concretas:
1.- Que la vía de peaje una lugares situados a largas distancias, para que el
ahorro de tiempo y combustible sea sustancial, en comparación con la vía de titularidad pública alternativa.

2.- Que exista esa vía de titularidad pública, porque de lo contrario, se estaría obligando al pago al ciudadano.

3.- Que el umbral de tráfico sea lo suficientemente alto como para que la inversión tenga el retorno esperado.

En el caso del Archipiélago, si atendemos a los tres requisitos mencionados, no se dan las condiciones necesarias como para que se pueda implantar el modelo de carreteras de peaje.

Añade el consejero que esto es así, incluso para el llamado "peaje en sombra", modelo en el que la administración abonaría a la empresa concesionaria lo que corresponde pagar a los conductores, en función del número de vehículos que circulen por la vía. Aunque en Canarias existiese un lugar en el que este modelo garantizase el retorno de la inversión, el contexto actual lo haría inviable, porque el "peaje en sombra" implicaría una previsión de gastos que incrementaría el nivel de déficit en el momento en el que se realiza dicha previsión.

Además, se trata de una fórmula de financiación de la obra pública que proliferó en el Estado, pero que ha resultado un fracaso, por el error en las previsiones de tráficos y costes realizadas.

Por otro lado, recordó Berriel, que la ejecución de las carreteras de interés general en Canarias, se planificó a través de los sucesivos Convenios suscritos con el Ministerio de Fomento, con una financiación procedente de los Presupuestos Generales del Estado, en virtud de los previsto en nuestro Régimen Económico y Fiscal, que establece los parámetros obligatorios de inversión estatal en Canarias y las compensaciones derivadas del hecho insular y de la supresión del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas.

Por tanto, no cree en buena lógica, ni sería justo, a criterio del Gobierno de Canarias, que sea el usuario de las carreteras canarias quien soporte ahora, en la actual coyuntura económica, la carga de la financiación de las mismas, mediante el abono de los peajes, para suplir los continuos incumplimientos del actual Gobierno Estatal de sus obligaciones inversoras en Canarias, y de los compromisos contraídos a través del vigente Convenio de Carreteras, máxime si se tiene en cuenta, que la inversión media en infraestructuras para el resto del Estado, no ha decrecido en la misma proporción.

Además, se daría la paradójica situación en la que, al coste de la movilidad en Canarias, derivado del hecho insular, se añadiría el coste de la movilidad interior derivado del peaje, por la carencia de otras infraestructuras para la movilidad, como ocurre en el resto del Estado español.

Finalmente, el consejero alegó que las condiciones de carácter legal para implementar un peaje en una vía dificultan en estos momentos su aplicación, por la exigencia de rutas alternativas y en otro orden, con el actual nivel de ejecución del Convenio de Carreteras, su establecimiento generaría condiciones discriminatorias entre islas.