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Tenerife 16 de Abril de 2013
La Corporación Insular considera un modelo a seguir el decreto de vivienda aprobado por la Junta de Andalucía
Valbuena: “Nos ofrecemos al Gobierno de Canarias, para que cuente
con el apoyo del Cabildo a la hora de adoptar medidas”.

El Cabildo aplaude la medida adoptada por la Junta de Andalucía de expropiar temporalmente viviendas a los bancos para evitar desahucios de familias que estén en riesgo de exclusión social. El vicepresidente cuarto de la Corporación insular, José Antonio Valbuena, considera que esta medida debe ser un modelo a seguir por el resto de comunidades autónomas.

En este sentido, Valbuena señala que el Decreto Ley para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, aprobado por el Gobierno de Andalucía, “supone un gran avance en el concepto social que tiene que tener la vivienda y que, desde las distintas administraciones tenemos la obligación de proteger y fomentar en la medida de nuestras posibilidades”.
Para el vicepresidente cuarto, y también consejero responsable del área de Vivienda, encuentra “una verdadera inspiración en los valores que debe recoger cualquier tipo de política pública de viviendas, que tiene que dejar de ser dictada por los mercados a pasar a ser dictadas por los principios que inspiran textos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

Valbuena añade que el objetivo de dicha ley es claro, “y no es otro que lograr que el derecho a la vivienda deje ser un simple bien de consumo y se convierta en un verdadero bien social. Trágicamente, se demuestra que su función social está ligada con los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y sus familias. No defender el derecho, tal como señala el texto legal, supone coartar el acceso a otra serie de derechos que cuelgan del mismo como son el derecho a un desarrollo profesional o el derecho a un desarrollo familiar. En definitiva, es condenar a parte de la población a la exclusión y marginación social y económica.

El consejero insular considera que esta medida supone un antes y un después, ya que lo que busca por encima de todo es ocupar el enorme parque de viviendas deshabitadas que existe en Andalucía; “una realidad que, por otro lado, no es ajena a Canarias, donde el boom inmobiliario provocó que se disparase de forma excepcional el número de viviendas vacías que actualmente existen en Canarias”.

Valbuena recuerda un dato: “El número total de viviendas vacías que hay en España es tal que permitiría realojar por completo a los habitantes de la ciudad de Madrid y aún sobrarían viviendas”.

Las medidas contempladas son bastante coherentes ya que, en primera instancia, articulan un conjunto de medidas para fomentar e incentivar dicha ocupación, con acciones tales como garantizar el pago, la conservación de la vivienda que se alquile, etc. y, posteriormente, en caso de que la vivienda siga desocupada por dejadez de su propietario se establecen las medidas coercitivas que obligan a poner en el mercado de alquiler a la vivienda vacía.

El efecto de esta medida será inmediato en dos sentidos: por un lado se producirá una bajada generalizada en el precio de los alquileres, al forzar la Administración que aparezca una sobreoferta y, por otro lado, lograrán equiparar el ratio de viviendas alquiladas en Andalucía a la media Europea que se mueve por encima del 30%.

José Antonio Valbuena explica que otra medida innovadora es la posibilidad de declarar de interés social las viviendas que, estando sometidas a un proceso de desahucio, afecten a personas en circunstancias especiales de riesgo social. Esta declaración abre la puerta a poder expropiar el uso de la vivienda durante un plazo máximo de tres años, pagando el correspondiente justiprecio en donde el desahuciado aporta un 25% del mismo. “En la práctica no es más que imponer por la vía legal lo que hasta el momento desde muchas administraciones estamos reclamando a las entidades financieras, y no es otra cosa que posibiliten llegar a acuerdos puntuales con aquellos que quieren desahuciar para evitar que dejen su vivienda. Debido a la intransigencia de las entidades financieras comprendemos la acción llevada a cabo por el Gobierno andaluz”.

El responsable insular de Viviendas, señala que “la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas es otra iniciativa que traerá más ventajas que inconvenientes y que, junto con el resto de medidas adoptadas, estamos seguros de que Andalucía se va a colocar más cerca de poder garantizar esa función social de la vivienda, que el resto del territorio”.

“Hay que tener en cuenta que la ILP de la Plataforma Antidesahucios -finalmente el PP la ha convertido en papel mojado tomándole el pelo a la clara mayoría ciudadana que apoya dicha iniciativa- y, ante la dejadez y la desorientación manifiesta del Gobierno del PP, no queda otro remedio que equilibrar la balanza hacia el ciudadano desde el resto de administraciones y por eso por lo que deseamos y nos ofrecemos al Gobierno de Canarias, para que cuente con el apoyo del Cabildo de Tenerife a la hora de adoptar medidas similares a la andaluza con la que se logre alcanzar dichos fines o incluso se puedan mejorar”, concluye Valbuena.