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Canarias 9 de Abril de 2013
El PP exige al Gobierno que no discrimine a medios de comunicación en sus campañas
Víctor Moreno pide ajustar el Decreto de publicidad institucional, para ceñirla a criterios de ámbito territorial y difusión.
El diputado autonómico Víctor Moreno anunció ayer la presentación de una Proposición No de Ley en el Parlamento Regional, dirigida a instar al Gobierno de Canarias a no discriminar a medios de comunicación en su campañas de publicidad, y a seguir criterios objetivos en su adjudicación, con independencia de su cuantía, de manera que se vea garantizada la libre concurrencia e igualdad.
Moreno señaló que la propuesta incluye modificar el Decreto 31/2003, de 8 de febrero, por el que se aprueban los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales en campañas institucionales de publicidad, para que se module la participación en la contratación, exclusivamente sobre la base de criterios de ámbito territorial y de difusión del medio correspondiente.
Asimismo, se insta a al Gobierno a dar conocimiento, trimestralmente, a los grupos políticos de la Cámara de todos los contratos sobre comunicación y publicidad institucional –con independencia de su cuantía-, que adjudican las consejerías del Ejecutivo regional, así como sus organismos autónomos, entidades, sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y fundaciones.
Según remarcó Moreno, pese a la actual situación de crisis, que aconseja una racionalización de los recursos públicos, así como una gestión más eficaz y transparente, el Gobierno de Canarias y su entramado administrativo, “gasta cada año una cantidad considerable de dinero en publicidad institucional, que puede afectar a la subsistencia y libre competencia de los medios de comunicación”.
Conforme a la legislación vigente, debe darse cuenta de aquéllos contratos que superan los 18.000 euros, pero por debajo de este montante económico también se realizan muchas campañas y contratos sobre publicidad y comunicación. “Por ello –concluye el parlamentario del PP-, es exigible que se arbitren los medios necesarios para evitar toda competencia desleal promovida desde el sector público, de forma que no altere el principio de igualdad en el ámbito informativo”.
