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Canarias 30 de Abril de 2013
El Gobierno de Canarias reclama
la cogestión de los aeropuertos isleños
El Consejero de Obra Públicas, Transportes y Política Territorial, Domingo Berriel, recuerda que el Estatuto de Autonomía otorga las competencias al Gobierno autonómico, si el Estado no ejerce la gestión directa de las instalaciones.

Durante una comparecencia en comisión parlamentaria para explicar las conclusiones de la reunión, Berriel reafirmó la intención del Gobierno autonómico de reclamar la gestión de los ocho aeropuertos que existen en Canarias, ante la confirmación de que el Estado continúa adelante con la privatización de AENA, cuyo último paso fue "la adjudicación de los servicios de asesoramiento financiero y de asistencia jurídica a la entidad pública, en el proceso de entrada de capital privado", tal y como lo anunciaba el ente público en su propia página web, el viernes pasado.
Según explicó el consejero, el modelo de privatización parcial que está diseñando el Estado apenas da a las comunidades autónomas posibilidades de participar en la toma de decisiones de unas infraestructuras que, en el caso de Canarias, son determinantes para el desarrollo económico y social. Por eso, "frente a este modelo en el que la Comunidad Autónoma sólo tendría atribuciones consultivas, el Gobierno de Canarias exigiría un modelo similar al que existe en las Autoridades Portuarias, en el que la sociedad de la Comunidad Autónoma tiene capacidad decisoria sobre la gestión de los puertos de interés general".

Otro asunto muy relacionado con la gestión aeroportuaria que se abordó en la reunión con el secretario de Estado fue la conectividad entre el Archipiélago y la Península. Domingo Berriel destacó la diferencia de los datos que manejan las autoridades canarias y las estatales, puesto que, mientras las primeras han constado un aumento de precios y una reducción de frecuencias, el Ministerio de Fomento entiende que existe una moderación de los precios y normalidad en la conectividad aérea de Canarias.

Por esta razón, prosiguió el consejero, "planteamos la necesidad de crear una Comisión mixta para las condiciones de conectividad y un protocolo de intercambio de información, que tenga toda la información de AENA y Aviación civil, con carácter homogéneo, regular y permanente, sobre el estado de todas las comunicaciones aéreas de Canarias, para hacer un seguimiento de las condiciones de conectividad y del cumplimiento de las condiciones mínimas admisibles de frecuencias, horarios, capacidad y precio".

Según la propuesta canaria, una vez fijadas estas condiciones mínimas, deberían establecerse mecanismos automáticos que actuasen de forma inmediata para corregir aquellas situaciones en las que la capacidad ofertada, las frecuencias y los horarios fuesen insuficientes, o bien los precios, excesivos.

En el encuentro con el secretario de Estado, y en referencia a la flexibilización del uso del tacógrafo en las Islas, el consejero también solicitó que el Ministerio remita al Gobierno de Canarias el borrador de reglamento que está ultimando y que, según le anunció el secretario de Estado de Transportes, harán llegar al sector. En este sentido, la norma europea permite excepciones a su aplicación en territorios menores de 2.300 kilómetros cuadrados, por lo que el Gobierno autonómico solicitó que, garantizando la seguridad y los derechos laborales de los trabajadores, se tengan en cuenta las especiales características del servicio que presta el sector en un territorio fragmentado, con sus particularidades sobre tiempos de conducción y descanso.

El último asunto que abordaron el representante canario y el estatal fue la competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el Puerto de Los Cristianos, en la isla de Tenerife. El Gobierno de Canarias entiende que la situación actual, en la que es un organismo estatal el que gestiona las instalaciones, no se ajusta a la legalidad, dado que la competencia de gestión de ese puerto debe ser de la Comunidad Autónoma y no de la Autoridad Portuaria del Estado, dado que su tráfico es únicamente interinsular.

Berriel concluyó señalando que desde el Gobierno de Canarias se va a seguir defendiendo el control de ese puerto, llegando incluso a recurrir a la vía judicial, si no se alcanza un acuerdo satisfactorio.