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Canarias 21 de Septiembre de 2012
Critican el rechazo del Gobierno Canario al debate parlamentario de la ILP sobre educación
La acción la lleva a cabo el Movimiento Social Otra Educación Pública es Posible, integrado por ampas, colectivos docentes y estudiantiles.
El Movimiento Social Otra Educación Pública es Posible, integrado
por ampas, colectivos docentes y estudiantiles, critica la decisión
del Gobierno canario de impedir el debate en el Parlamento de la Ley de Iniciativa Popular (ILP) “Por una Ley Canaria de Educación para mejorar la Enseñanza Pública”, avalada por 35.000 firmas. Para Alicia Reyes, una de las portavoces de la Promotora de la ILP y presidenta de la Federación de AMPAs Galdós, se trata de un “grave atentado a la democracia y la participación ciudadana”.
El Gobierno de Canarias decidió la pasada semana impedir que se debata en el Parlamento la citada ley de iniciativa ciudadana, argumentando que la misma supondría, de aprobarse, un incremento presupuestario. “Estamos ante un argumento muy débil. Primero, porque sabemos que la intención de los grupos que apoyan al Gobierno no era aprobarla. Segundo, porque podían introducir, legítimamente, enmiendas a su texto. Y tercero, porque desde la Promotora ya explicamos en la subcomisión de Educación del Parlamento que éramos conscientes de la situación económica y que entendíamos que las mejoras en los presupuestos educativos, hasta alcanzar la media de la OCDE, debía hacerse gradualmente y atendiendo a la realidad económica de Canarias”.
Para Reyes, resulta contraproducente que exista la figura de la ley de iniciativa popular y que en la práctica, como ha sucedido en esta ocasión, el trabajo y la ilusión de miles de personas, promotores y firmantes, a los que solo les mueve la intención de contribuir a la mejora de la Educación canaria, se vea frustrado por una decisión que califica de injusta y torpe. “Nos esforzamos para contribuir al debate sobre la Educación canaria, a la cola del Estado como señalan numerosos informes, y que precisa de un revulsivo y de una ley propia que afronte acciones prioritarias para superar nuestros altos niveles de fracaso y abandono, y para garantizar la equidad y la integración”, asegura.
Exclusión
Esta decisión del Gobierno supone, en su opinión, un desprecio a la ciudadanía y una manera de entender la política que excluye el debate y la participación, interpretando de manera restrictiva las propias leyes creadas para facilitar la misma. “El Gobierno se equivoca y cercena nuestra posibilidad de presentar y defender la ley ante el Parlamento. Pero también debe darse cuenta de que su actuación contribuye al desafecto con la democracia y las instituciones”.
