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Canarias 28 de Septiembre de 2012
Hernández Spínola traslada al CGPJ
su preocupación de que la reforma
de la LOPJ pueda generar inestabilidad
de las plantillas en Canarias
El CGPJ confirma la convocatoria de oposiciones para jueces y fiscales, lo que permitirá "continuar en 2013 con la reposición de vacantes en las Islas", destaca el consejero.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, expresó ayer al presidente del Consejero General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, su preocupación por la posibilidad de que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) genere en Canarias inestabilidad de las plantillas de jueces y magistrados, y afirmó que la modificación de la ley debe contemplar la singularidad de Canarias.
El presidente del CGPJ se mostró sensible con los planteamientos de Canarias y se comprometió a incluirlos en el informe que realizará el órgano de gobierno del Poder Judicial sobre la reforma de la Ley que propone el Ministerio de Justicia. "Nos preocupa que se acentúe el nivel de rotaciones de las plantillas", afirmó el consejero, durante el transcurso de la reunión que mantuvo con Gonzalo Moliner y en la que estuvo presente también el viceconsejero de Justicia del Ejecutivo canario, Pedro Herrera. "El objetivo del Gobierno de Canarias es que la reforma no aumente la inestabilidad de las plantillas", subrayó el consejero.
Francisco Hernández Spínola calificó como "fructífera y positiva" la reunión en la que el presidente del CGPJ confirmó la realización de oposiciones a jueces y fiscales. El consejero destacó al respecto que la excepción a la congelación de oposiciones es "importante para continuar con la reposición de vacantes en 2013". "Es bueno para el país y para Canarias", recalcó el consejero, quien señaló la relación "correcta y constructiva" que mantiene el Gobierno de Canarias con el CGPJ.
Tras la reunión, Hernández Spínola y el vicepresidente del CGPJ, Fernando da Rosa, suscribieron un convenio de colaboración tecnológica, mediante el que ambas partes se comprometen a fomentar el uso de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia en Canarias, y a asumir la formación necesaria para el uso de las aplicaciones que surjan derivadas de dicho convenio y, en particular, a las relacionadas con las oficinas judiciales a través del Punto Neutro Judicial (PNJ), que permite acceder a todos los datos asociados a alguna de las partes implicadas en un proceso judicial.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad destacó la firme apuesta del Gobierno de Canarias por modernizar el sistema judicial de las islas y hacerlo más ágil y eficiente, y aseguró que para lograr este objetivo final es fundamental el uso de la tecnología y la colaboración y coordinación entre administraciones.
Hernández Spínola habló del sistema informático de gestión procesal Atlante, una herramienta "útil, compatible con el PNJ y en constante evolución". "Es el único que permite acceder directamente al PNJ", resaltó el consejero, quien señaló que en el resto de las comunidades autónomas hay que salir de sus respectivos sistemas informáticos para acceder al Punto Neutro Judicial, precisó.
El consejero explicó que el convenio firmado permitirá avanzar en la puesta en marcha de nuevas aplicaciones del PNJ. En concreto, citó como ejemplo para aplicar en las islas el exhorto electrónico y el embargo de cuentas bancarias. Además, resaltó que el Gobierno de Canarias está ultimando una nueva aplicación mediante la que se alertará a las mujeres en situación de violencia de género, a través de mensajes SMS, sobre la situación personal del agresor.
Hernández Spínola aclaró que la firma de este convenio no supone un nuevo coste para el Gobierno de Canarias, ya que las actuaciones para la integración del PNJ con el Sistema de gestión procesal Atlante ya están recogidas dentro de la financiación del contrato del servicio de mantenimiento integral de mismo.
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, viene realizando, en colaboración y coordinación directa con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia y con el resto de comunidades autónomas, una importante labor de modernización y coordinación tecnológica de la Administración de Justicia en las islas.
