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Canarias 25 de Septiembre de 2012
El Colegio de Trabajo Social se suma
la Declaración de la Cumbre Social
de Canarias
Apoyando así las reivindicaciones de los sindicatos y colectivos que la impulsan.
Desde el Colegio se considera necesaria una movilización social que
demuestre el descontento de la población ante la carencia de alternativas que están arrojando las drásticas medidas de ajuste tomadas por el Gobierno central y, al mismo tiempo, se insta al Ejecutivo regional a que abandone una política continuista y aporte alternativas para el Archipiélago.
En este sentido, recuerda que, tal y como recoge la Declaración de la Cumbre Social, Canarias es uno de los territorios del Estado y de la Unión Europea "que presenta las cifras más dramáticas con un 33,1% de paro, 288.666 parados y paradas, donde un 54% son jóvenes menores de 35 años, y más de un tercio de nuestra población está en riesgo de exclusión social".
Estas cifras, que esconden el drama de muchas familias canarias, son tan alarmantes que requieren de una reacción de las Administraciones y de los ciudadanos. Por esta razón, el Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife se suma a las exigencias de la Cumbre Social y suscribe sus reivindicaciones.
Estas reivindicaciones son, en esencia, que "de inmediato se emplaza al Gobierno a que no prolongue ni profundice una política tan ineficaz como injusta y convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre las medidas aprobadas; Si no lo hiciera, seremos las organizaciones de la Cumbre Social las que llevemos a cabo la convocatoria de una consulta popular y con el resultado de la misma actuar en consecuencia. Así no se puede seguir."
Por otra parte, emplazan "igualmente al Gobierno de Canarias a que se defina, que diga a la población canaria qué tipo de políticas son en las que cree; en las continuistas del Estado, o en las de un modelo social y económico que no excluya ni a la población inmigrante, ni a la juventud, ni a las personas dependientes, y que genere oportunidades para todos/as, instando decididamente a los poderes económicos, empresariales y financieros a través de la legislación autonómica, para combatir de forma clara el fraude fiscal y favorecer el afloramiento de la economía sumergida, así como propiciar el estimulo político y económico suficiente para que fluya el crédito a familias y pequeñas empresas".
