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Canarias 27 de Septiembre de 2012
De enero a agosto, casi 13.000
personas se han beneficiado
de la Prestación Canaria de Inserción
"La Prestación Canaria de Inserción no es un sustitutivo de la prestación por desempleo", afirmó la responsable de Políticas Sociales.
"Desde el mes de enero a agosto de 2012, han percibido la prestación canaria de inserción un total de 4.561 familias, lo que puede significar que casi trece mil personas se hayan beneficiado de ellas", afirmó ayer la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en comparecencia parlamentaria para informar sobre la Prestación Canaria de Inserción, una prestación que viene regulada por la Ley 1/2007, de 17 de enero.

"Para ello, el Gobierno ha destinado un total de 12 millones de euros, por lo que estimo que podremos ceñirnos al presupuesto de 20 millones de euros que destinamos por la ley de presupuesto y no será necesaria una ampliación de crédito", aclaró Rojas.

Según argumentó la consejera de Políticas Sociales, "la Ley es consecuencia de un momento histórico determinado y determinante que no es otro que el de la consolidación de la filosofía del Estado del Bienestar con una economía que en los años previos a la aprobación de esta ley venía creciendo de forma sostenida".

"Por tanto, esta ley se planificó en un momento en el que vivíamos un crecimiento económico sostenido en el tiempo. Hoy nos encontramos en un escenario completamente diferente y la presión a la que se ven sometidos los trabajadores sociales municipales, una presión, por otro lado entendible, induce a errores o a la aplicación incorrecta de la ley", informó Rojas.

"Porque la ley habla de concepto de pobreza como concepto de exclusión, por lo que la ley fue pensada como un fenómeno estructural y multidimensional para aquellas personas que carecen de habilidades sociales, educativas, laborales y culturales. Otra situación diferente es que la coyuntura económica ha cambiado radicalmente y que en un periodo de recesión nos encontremos con índices de paro muy altos. Canarias es la comunidad autónoma con un mayor índice de parados de larga duración, de hecho", dijo.

"La Prestación Canaria de Inserción no es un sustitutivo de la prestación por desempleo", explicó Rojas, quien aludió a esta confusión algo que, afirmó, "tiene como consecuencia que se multipliquen las solicitudes de esta ayuda, lo que está suponiendo un sobreesfuerzo por parte del departamento de integración, encargado de analizar la documentación presentada por los solicitantes de esta ayuda, encontrándonos, además, que, una vez analizada la documentación necesaria, vemos que muchos de los solicitantes no cumplen el perfil de exclusión al que está destinado la PCI".

Más de 20 millones de euros anuales para financiar la PCI
Según explicó la consejera de Políticas Sociales, "la puesta en marcha de esta ley se realiza paulatinamente y el Gobierno la financia, la coordina y la fiscaliza, la observa y analiza para que se vaya desarrollando conforme a lo que estipula su articulado.
"En los últimos años y a pesar de que las restricciones presupuestarias, la financiación de esta ley se ha incrementado en un 300% pasando de los 7 millones de euros iniciales a los 20 millones actuales", afirmó la consejera.

"A estos 20 millones hay que añadir otros cuatro millones de euros destinados a dotar a los ayuntamientos del personal necesario para desarrollar eficazmente la ley, lo que ha permitido, dotar a los municipios con 200 trabajadores sociales que son los encargados de gestionar la ley, de elaborar un plan de acción individualizado para cada núcleo familiar, de determinar un itinerario de inserción y de ir evaluando la situación y la evolución de cada familia", dijo.

Según indicó la responsable de Políticas Sociales, "el Gobierno coordina la ley y es, por tanto, quien otorga o no definitivamente la prestación, quien dota de equipos y aplicativos informáticos a todos y cada uno de los ayuntamientos y quien dicta las directrices para su aplicación. Así como es el Gobierno, quien genera sinergias con los servicios públicos de empleo, de vivienda, educativos o sanitarios"

"Pero, además, el Gobierno vela también por su buena marcha, por una aplicación eficaz ofreciendo formación a los trabajadores sociales encargados de aplicarla y analizando su ejecución. Y en este sentido, el Gobierno ya ha realizado una evaluación que ha determinado un plan de seguimiento de la ley", manifestó.

"No es posible desvincular la ayuda económica del itinerario de inserción. Es más, podríamos hablar de itinerario de inserción sin ayuda económica, y no al revés porque así lo indica la ley, con algunas excepciones como es la de las mujeres víctimas de violencia de género", aclaró.

"Y así lo recoge el Estudio "Evaluación de las medidas de integración 2011" realizado por el Servicio de Integración de la Dirección General de Política Sociales y publicado en nuestro Portal Web. Porque, como dije al inicio de mi intervención, el Gobierno evalúa también esta ley", señaló.

Según explicó Rojas, "la PCI está vinculada a un Plan de Atención Individual elaborado por el trabajador social municipal y validado por los del Gobierno. Un Plan en el que va incluido un itinerario que no solo es de inserción laboral, aunque este suele ser el principal, si no a veces de acceso a los servicios de salud, a los de infancia, tratamiento de la violencia de género, acceso a una vivienda, a ciclos educativos etc."

En opinión de la responsable de Políticas Sociales, "es fundamental realizar un buen diagnóstico porque con un buen diagnóstico se atinará mejor a la hora de realizar un buen Plan de Atención Individual que incluya los mecanismos para que todo el núcleo familiar salga de la exclusión".

"Y en eso estamos trabajando con los ayuntamientos, siendo más minuciosos a la hora de dar o no el visto bueno a ese Plan, porque de él depende que la familia consiga las habilidades necesarias para construir su propio futuro", concluyó.