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Canarias 10 de Octubre de 2012
El Gobierno ha dado la directriz a VISOCAN de no desahuciar a ninguna familia por problemas estrictamente económicos

La consejera de Vivienda ha explicado en el Pleno que se han paralizado muchos desahucios gracias al nuevo decreto del Gobierno sobre el carácter retroactivo de las ayudas al alquiler y sólo se desahucia las viviendas que se encuentren vacías, aquellas en las que se hace un mal uso o aquellos que puedan pagar.
"Los desahucios que se han denunciado en los medios de comunicación durante el mes de septiembre no se han producido" ha asegurado la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, en la sesión del Pleno celebrada hoy martes, 9 de octubre en el Parlamento de Canarias.

"Y no lo han hecho ¿ha continuado- porque este Gobierno ha establecido unas directrices por las cuales ninguna familia que ocupe una vivienda social en régimen de alquiler no podrá ser desahuciada por motivos estrictamente económicos".

La consejera explicó que en la gran mayoría de los casos de familias amenazadas por un desahucio y que adeudaban grandes cantidades por impago se podrán acoger al nuevo decreto aprobado por el Gobierno (77/2012 de 30 de agosto) en el que se contempla el carácter retroactivo de la ayuda al alquiler a efectos de enero de 2001.

De este modo, y acogiéndose a esta nueva normativa canaria se evitará el desahucio de aquellas familias que justificando una situación económica desfavorable, se les reconocerá la ayuda para el pago al alquiler que no solicitaron en su momento y que les hubiera correspondido por su situación económica entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2011.

Se trata de una medida de alto contenido social, única en todo el Estado, que para las familias más desfavorecidas resuelve la necesidad de acceso a la vivienda, de tal manera que nunca tengan que abonar más del 12% de sus ingresos e incluso, en concretas circunstancias, que la cantidad a abonar sea meramente simbólica.
Esta ayuda al alquiler que contempla la Ley canaria supone que la gran mayoría, dependiendo de los ingresos y de las dimensiones de la vivienda, pueden residir en una vivienda pública en régimen de alquiler pagando una mensualidad que en la mayoría de las situaciones no supera los 50 euros al mes.

"Por ello ¿puntualizó Rojas- el Gobierno ha dado la directriz a la empresa pública VISOCAN de no proceder al desahucio de las familias por problemas estrictamente económicos".

"Lo que se hará ¿continuó- es estudiar cada caso y ofrecer alternativas como puede ser esta subvención o un aplazamiento en el pago.

Rojas explicó que "los desahucios se producirán en aquellas viviendas que se encuentren vacías o aquellas en las que se haga un mal uso por parte de los inquilinos o para aquellos que puedan pagar".

"Si la familia puede pagar ¿precisó- deberá hacerlo porque los alquileres que cobra VISOCAN, y que cuentan con la ayuda del Gobierno, en muchos casos no ascienden ni a 25 euros y hay muchas familias que realmente no pueden pagar otro tipo de alquiler y que están esperando por una vivienda en estas condiciones"

"Así que quiero dejar claro el mensaje ¿finalizó Rojas- se hará un estudio de cada familia y las familias que no puedan pagar se les recalculará la deuda y se les facilitará una subvención por parte del Gobierno; aquellas familias que tengan una deuda y sí puedan pagar o hagan un mal uso de la vivienda o la tengan vacía deberán dejar sus viviendas para aquellas familias que verdaderamente lo necesitan".