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Canarias 23 de Octubre de 2012
El PSOE pedirá al Estado desde todos
los cabildos y ayuntamientos canarios
que asegure la viabilidad económica
de las renovables
El PSOE de Canarias pedirá al Gobierno de España desde los 88
municipios y los siete cabildos que asegure la viabilidad económica
de la producción de energías renovables. Para ello, los socialistas presentarán una moción encaminada a instar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a que dicte la normativa propuesta en el artículo 3.3 del Real Decreto-Ley 1/2012, con la finalidad de que en el plazo de seis meses se pueda aprobar tal normativa, de forma que se asegure la viabilidad económica de la producción de energías renovables, tomando como base de potencia y tarifa lo establecido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.
La secretaria de Industria y Energía del PSOE de Canarias, Lourdes Armas, recuerda que la Comunidad Autónoma depende en un 98 por ciento de los combustibles fósiles, produciéndose la electricidad principalmente con gasoil y fueloil con un coste muy elevado para el sistema: desde 160 euros/MW en Gran Canaria hasta 210 euros/MW en El Hierro. En la Península, al producirse con gas natural, el coste es significativamente inferior (50 euros/MW).
Señala que el coste para el sistema de las energías renovables en Canarias (85 euros/MW) es muy inferior al de la producción de régimen especial, por lo que producir con renovables supone un considerable ahorro para el sistema, no así en la Península, donde producir con renovables es más caro para el sistema que producir en régimen ordinario (85 euros/MW frente a 50 euros/MW, aproximadamente). Indica que, actualmente, la potencia asignada para nuevos parques eólicos y las repotenciaciones en trámite supondría la introducción a corto plazo (2015) en Canarias de una potencia de 600 MW.
Armas expone que la suspensión de las tarifas provocada por el Real Decreto Ley 1/2012 pone en serio peligro la inversión en esos parques al perder drásticamente su rentabilidad. El Real Decreto 661/2007 establecía una prima para los parques eólicos que, sumada a lo que recibían del ‘pool’ (mercado de electricidad) les suponía una retribución en torno a 85 €/MW. Suprimida esta prima, la rentabilidad resultante de los parques eólicos los hace inviables, al tiempo que, lejos de disminuir el déficit tarifario, lo incrementa.
“En efecto, al no ser los parques eólicos rentables, los 600 MW previstos en el trámite de autorización no se instalarían y, a razón de 80 euros/MW como mínimo, incidirían en incrementar el déficit tarifario”, explica. Añade que, consecuentemente, bastaría esta razón para justificar la necesidad de excluir a Canarias de la aplicación del Real Decreto Ley 1/2012 y promover el establecimiento de una prima que, similar a la del Real Decreto 661/2007, garantizara la rentabilidad de las centrales de producción mediante energías renovables. Armas afirma que, de este modo, se podría sustituir de forma efectiva parte de la producción de energía en régimen ordinario que, por sus especiales características, contribuye a incrementar gravemente el déficit tarifario, a diferencia de lo que ocurre en el territorio peninsular.
SINGULARIDADES CANARIAS
Lourdes Armas recuerda que el Real Decreto de 27 de enero está dirigido a la solución del principal problema que amenaza la sostenibilidad económica del sistema eléctrico, el déficit tarifario. Apuesta por no dejar de lado aquellas singularidades que pueden significar una desviación de sus objetivos y que las medidas que establece puedan repercutir en un efecto contrario al propósito de corregir el déficit tarifario.
“Las singularidades de Canarias en el mercado de la electricidad, derivadas de su configuración en seis sistemas eléctricos aislados, tienen particular incidencia en el ámbito retributivo de las energías renovables como reflejo de su distintiva relación con el sector eléctrico nacional. Estas singularidades están reconocidas en el marco constitucional y estatutario y se han traducido en un tratamiento legal específico a partir de la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea”, subraya.
Armas sostiene que el principal objetivo del Real Decreto Ley 1/2012, que es reducir el déficit tarifario, “no puede alcanzarse en Canarias mediante la aplicación indiscriminada de las medidas de suspensión y supresión que implica, circunstancia que es la consecuencia de un régimen diferencial, que tiene el debido reconocimiento legal en un marco jurídico también diferencial a cuyo amparo pueden modularse las determinaciones de la norma para que pueda lograr sus objetivos respetando las singularidades canarias”.
