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Tenerife 2 de Noviembre de 2012
El Cabildo reivindica que la Ley de Costas reconozca la singularidad de los núcleos costeros tinerfeños
Ricardo Melchior se reunió ayer con el abogado José Luis Langa, presidente de la plataforma que defiende los intereses de los afectados.
El Cabildo promoverá acciones para que se reconozca la singularidad
de los núcleos costeros tinerfeños en la modificación de la Ley de Costas,
actualmente en trámite parlamentario. Así se lo ha hecho saber el presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, al presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas, el abogado José Luis Langa, durante el encuentro que mantuvieron en el Palacio Insular y al que también asistió la consejera de Planificación, Pino de León.
Para Pino de León resulta “incomprensible” que esta normativa “ignore totalmente a Canarias” a pesar de que es la comunidad más afectada por la aplicación de la Ley de Costas, que data de 1988. “Pretendemos que en la revisión de esta ley se considere la singularidad de determinados núcleos costeros de la Isla que posean valores etnográficos o culturales y lo que pedimos es que se contemplen como excepciones, al igual que ocurre con otros lugares de la Península y la isla de Formentera, excluidos de la nueva normativa”.
La consejera de Planificación señala que “el Gobierno central ha obviado completamente a Canarias y a Tenerife y tenemos que emprender las acciones que sean necesarias para que se respeten los valores y la idiosincrasia del pueblo isleño”.
En este sentido, Pino de León anuncia que el Cabildo quiere implicar en esta reivindicación a todas las instituciones canarias, partidos políticos, diputados y senadores canarios, independientemente del partido político que representen, “para que juntos defendamos a Canarias en su justa reivindicación de que se reconozcan sus características especiales”.
Durante su visita al Cabildo el representante de la plataforma ha explicado al presidente de la Corporación insular los objetivos prioritarios de la entidad, que pretende defender los intereses de los más de 150.000 canarios que directamente podrían estar afectados por la aplicación de la actual Ley de Costas, “interés que tiene que ser compartido por toda la población canaria sin distinción”, concluye Langa.
